Lo urgente y lo importante.

Hemos decidido que nuestra ya veterana Constitución salga también en defensa de los intereses generales del país frente a la crisis; con toda la legitimidad que otorga nuestro sistema de democracia representativa. Una reforma constitucional con todas las letras, conforme ha previsto el título X de la carta magna, para recoger los principios de la estabilidad presupuestaria que ya veníamos practicando. ¿Era necesario constitucionalizarla? En circunstancias normales no lo hubiera sido, pero a la vista de lo ocurrido en las últimas semanas la reforma constitucional hasta puede resultar un mal menor. Los socialistas @conRubalcaba creemos que consagrar la estabilidad presupuestaria es una garantía para los ciudadanos.
A diferencia de los anteriores intrumentos manejados por el gobierno para combatir los efectos de la crisis, en esta ocasión lo hacemos con acuerdo del principal partido de la oposición. Pacto y polémica subsiguiente sobre cuestiones no resueltas a gusto de todos: ampliación de la base del acuerdo y posterior sometimiento a refenremdum. Se trata de la segunda reforma constitucional desde su aprobación en 1978. La anterior data de 1992 cuando introdujimos una modificación en el artículo 13.2 con el objeto de concordar su redactado a lo que estableción el Tratado de Maastricht del mismo año en relación al derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Con tener ambas reformas un carácter parcial y limitado, la modificación constitucional del artículo 135 que hemos acometido contiene elementos que han puesto en guardia a amplios sectores de nuestra sociedad en demanda de mayor claridad sobre el alcance de la misma. Y en demanda de mayor calidad democrática en su procedimiento. El debate está servido y ha relegado a un segundo plano el principal problema: las medidas para combatir las elevadas tasas de desempleo y sostener la protección a quienes salieron expulsados del mercado de trabajo. Esta reforma constitucional, de la que pretendemos beneficios para afrontar nuestra recuperación económica, es en realidad un remedio in extremis ante la grave situación que padecemos y una probable agudización de la crisis financiera en la zona euro: el fantasma de la recesión acecha. De aquí su urgencia. Y de esta emergencia, la decisión de los dos principales partidos políticos de abordarla por una vía extraordinaria y sin consulta popular. No es casual que el acuerdo se haya producido entre partidos políticos mayoritarios, los únicos que han tenido y tienen opciones reales de gobierno en España.
La reforma no ha roto ningún proceso constituyente, como afirma CIU, puesto que el de esta constitución ya tuvo lugar en su momento; ni es un golpe contra la carta magna, como dice Llamazares, puesto que no modifica su esencia. Pero sí que puede degradar la calidad democrática si ocurre que la urgencia, una vez más, devora lo importante. Y es que sucede en la vida ordinaria, en la acción diaria: las emergencias producen una y otra vez el mismo efecto sobre el orden de prioridades en la acción política. Y en esta ocasión tenemos un alto riesgo de que la emergencia nos conduzca al desestimiento de las tareas importantes. Y sabemos cuáles son; las hemos formulado en las resoluciones de último debate del Estado de la Nación. Y algunas tienen que ver con el clamor que ha circulado estos meses por plazas y calles españolas a partir de la movilización del 15M.
La inoportunidad de la celebración de un referéndum que avale la consagración constitucional de la estabilidad presupuestaria y su sustitución por el refrendo legítimo y democrático de los representantes en las Cortes es una decisión que debería venir acompañada de un compromiso pactado con calendario para abordar las también urgentes y a la vez importantes tareas de regeneración democrática, con ésta o con una nueva constitucion. Los ciudadanos entienden la urgencia pero necesitan sentir que lo importante no queda nuevamente relegado en el archivo de "pendientes". No podemos permitir que la crisis económica provoque una ruptura entre el sistema económico y el sistema social. Como apunta Alain Touraine, hay que proclamar sobre todo que la democracia, que transforma a los trabajadores en ciudadanos responsables, es la condición primera para la recuperación económica y social.
"Quiero ser respetado, no quiero ser humillado"... nuevamente por las urgencias.

El derecho a no ser discriminado

Contra reloj, casi en tiempo de descuento, el Congreso se dispone a la tramitación del proyecto de ley para la igualdad de trato y no discriminación antes de que finalice la presente legislatura. Hay ganas de seguir avanzando hacia la igualdad real en este tiempo de la equidad que en la historia española ha marcado el presidente Zapatero. Suma y sigue: el debate del Estado de la Nación que acabamos concluir ha permitido la aprobación de algunas propuestas de resolución que profundizan en tal sentido. Una del grupo socialista para seguir impulsando y fortaleciendo medidas de cohesión social y combatir el racismo y la xenofobia mediante la elaboración de una estrategia nacional. Otra del mismo grupo, para elaborar un nuevo Plan de Inclusión Social en el segundo semestre de 2011, dentro del marco de la Estrategia Europea 2020. Los pasos hacia la igualdad real son más firmes y seguros cuando las medidas despiertan amplios consensos; y éstas que ahora aprobamos parece que sí los han generado.

No apunta en la misma dirección, al menos inicialmente, el proyecto de ley de Igualdad de trato. No nos pilla desprevenidos: la derecha ya puso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres; y todavía, hay que recordarlo cuando acabamos de celebrar la semana del orgullo LGTB, no ha retirado otro recurso contra la de matrimonio entre personas del mismo sexo.
¿Acaso alguien pensó que el camino de la igualdad real iba a ser fácil? Ni mucho menos. Pero no estamos solos; porque nunca lo estuvimos hemos llegado hasta aquí.
Por muchos obstáculos que aparezcan, tenemos el compromiso político y moral de sacar adelante una ley de igualdad de trato y no discriminación a la altura de una sociedad que exige más y mejor democracia. Se trata de una ley necesaria porque va a dar un tratamiento unitario a todo el ordenamiento español en materia de igualdad; de ahí su carácter integral. Será una normal útil porque su carácter transversal ayudará a eliminar cualquier práctica discriminatoria en los distintos ámbitos de la vida. Es una ley oportuna porque, además de ampliar los motivos de discriminación, servirá para trasponer adecuadamente las directivas europeas en vigor en materia de lucha contra la discriminación. Y será una ley eficaz porque contempla instrumentos para mejor alcanzar sus objetivos e incluye la creación de una "autoridad" para la igualdad de trato como organismo responsable de su promoción.
La concreción del derecho a la igualdad de trato en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural la convierten en una norma esencial del derecho antidiscriminatorio que puede dar cobertura a todo tipo de discriminaciones, las existentes y las venideras. Para el acceso al empleo por cuenta ajena, se establece la prohibición de cualquier limitación, secregación o exclusión y extiende su aplicación a la negociación colectiva, al trabajo por cuenta propia y a las organizaciones sindicales y empresariales. Sin dejar atrás el respeto al derecho de igualdad de trato por parte de los medios de comunicación social.
El proyecto de ley, como es habitual, tendrá que ser mejorado en el trámite parlamentario. Mejoras que podrán atender tanto al lenguaje o a la técnica jurídica de transposición de las directivas comunitarias como hacia aquellos espacios donde algunos pudieran obervar sombras de inconstitucionalidad. Sin dejar aparte el debate y consideración de otras como las que afectan al uso y disfrute de los servicios educativos y las que garantizan la adopción de medidas y recursos necesarios para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, la incorporación al sistema educativo y las acciones de carácter compensatorio que eliminen las desigualdades en la educación. Como expresa su título preliminar, para que nadie pueda ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra circunstancia personal o social.
Deberes parlamentarios para un final esprintado de la novena legislatura.

Carrera de obstáculos

"Cambiamos carrera de obstáculos por carrera investigadora". Acabamos de retirar esta nota del tablón de anuncios del Congreso de los Diputados. Hemos tardado más de lo previsto pero mereció la pena porque la nueva ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación sale con el apoyo unánime de todos los grupos representados en la Comisión del mismo nombre. Los políticos nos ponemos de acuerdo (excepto IU-ICV, por ahora) para lanzar un mensaje importante y necesario a la sociedad española en estos momentos de cambio: queremos consolidar un sistema potente de ciencia, tecnología e innovación, en permanente diálogo con la sociedad; y lo queremos acometer ya porque nos urge hacerlo ante una economía que ya no se sostiene en un mundo globalizado.


La nueva ley de la Ciencia sustituirá a la vigente ley que data de 1986 (Felipe González), que tantos buenos resultados ha dado. Entonces estábamos en el puesto 30 del ranking de producción científica en el mundo; ahora nos hemos situado entre las diez primeras posiciones. Después de 25 años, el contexto de nuestro sistema de I+D+i se ha modificado. Cinco nuevas realidades determinan la elaboración de una nueva ley: el desarrollo autonómico y la asignación de competencias a los territorios, la dimensión europea, el incremento sustancial de los recursos públicos registrado en los últimos años, una comunidad científica en crecimiento a la que se le ha quedado pequeño el traje y la necesidad de acelerar la transición al nuevo modelo productivo.
Nuestro país, que ha hecho un gran esfuerzo por situar su ciencia a nivel internacional, debe ahora poner el acento en la investigación técnica y en la transferencia de los resultados de la investigación hacia el sistema productivo. Por este motivo, la nueva ley establece las bases para superar uno de los principales déficits, el de la transferencia de conocimiento, que es clave en términos de crecimiento y de competitividad. No se trata de restar capacidades a la investigación científica porque la innovación adquiera un mayor papel. La nueva ley parte del reconocimiento de un sistema de ciencia plural que debe dotarse de una mayor flexibilidad y propiciar la conexión de la investigación con la actividad productiva; con este fin, establece los instrumentos para corregir la escasa contribución del sector privado a la financiación de la I+D+i.
Pero si por algo puede ser reconocida esta reforma legislativa lo será, sin duda, en su apuesta por la carrera investigadora que dejará de ser una carrera de obstáculos para los más de 217.000 investigadores (sólo 82.000 mujeres) que ya tiene nuestro sistema. La ley establece tres modalidades de contrato. El predoctoral, que deja atrás figuras como las becas predoctorales; el contrato de acceso, modalidad que pretende cumplir con los objetivos de consolidación en el sistema de aquellos investigadores que ya han pasado por unos procesos de formación y de evaluación; y la figura del contrato de investigador distinguido que servirá para que los diferentes agentes del sistema español de I+D+i puedan atraer talento. Carrera investigadora con establecimiento de derechos y deberes del personal investigador y técnico.
La tramitación parlamentaria de la ley de Ciencia ha permitido solucionar el tema de los contratos laborales vinculados a proyecto. Ponemos a disposición del sistema una diversidad de contratos, de modalidades contractuales, que da muchas más garantías de las que teníamos hasta ahora. Y solucionamos en parte el problema de los científicos del programa Ramón y Cajal.
Con esta ley que ya ha salido camino del Senado ganamos todos. Especialmente ganan nuestras universidades y los organismos públicos de investigación que se beneficiarán de nuevas fórmulas, de los programas de cooperación, con más actividad de transferencia y movilidad de personal entre los sectores público y privado. Celebramos el consenso alcanzado en el trámite parlamentario del Congreso, en particular el que se refiere a la creación de la Agencia Estatal de Investigación, para la financiación de la I+D y, de otro lado, la adaptación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en Agencia para la financiación de la Innovación. Son muy buenas noticias que siguen teniendo escaso tratamiento en nuestros medios de comunicación. El consenso alcanzado sobre la nueva ley de la Ciencia es una magnífica noticia que merece ser conocida en toda su amplitud.

La nueva economía

La gestión de la crisis y su desgaste adicional pueden estar eclipsando los avances obtenidos en la transfomación del modelo económico.La llegada de la conocida como "nueva economía" es inevitable y así lo demuestra el "Análisis sobre Ciencia e Innovación en España" que ha publicado recientemente la FECYT.
En 2008, los indicadores de recursos humanos dedicados a investigación en España alcanzaron los valores más altos de la historia. Cifra record también en número de investigadores; el 47% en universidades, cuyo peso disminuye a la vez que se incrementa el del sector empresarial que ya ocupa el 35% de los investigadores. Al impulso creciente de las empresas debemos sumar el del sector de las administraciones públicas; concretamente el crecimiento que registran en el último lustro los efectivos investigadores y de personal de I+D de las comunidades autónomas. En menos de una década hemos duplicado el número de investigadores; y a pesar de haber reducido distancias, aún estamos por debajo de la media de los países de la OCDE. Tenemos márgen para seguir creciendo en convergencia con nuestro entorno con la excepción del peso de las mujeres en la actividad de I+D, donde los valores españoles se sitúan por encima de la media UE.
El estudio nos proporciona una interesante perspectiva porque compara los indicadores de 2008, último año disponible, con la situación de los diez años anteriores. Y así resulta que los recursos humanos destinados a la I+D han venido creciendo de manera continua en la última década; con una aceleración extraordinaria en los últimos cinco años. Las universidades españolas siguen siendo las principales productoras de la oferta de investigadores, aunque la situación permanece estacada mientras se produce un fenómeno de creciente reclutamiento internacional de investigadores de otras nacionalidades. Y así resulta, también, que se ha producido una aumento significativo de las unidades o centros que hacen investigación en todos los sectores. Una demostración de la buena salud de nuestro sistema de I+D: casi se han triplicado en los últimos diez años; nuevamente son los centros que dependen de las CC.AA. los que lideran este crecimiento. Y así resulta, además, que ha emergido un nuevo tipo de centros de I+D sobre un nuevo modelo que combina la excelencia y la relevancia, que se aparta del tradicional modelo funcionarial subordinado de la administración (los OPIs). Son nuevos centros que se caracterizan por proyectos muy definidos, con una dirección científica fuerte y la implicación institucional de actores políticos, económicos y sociales, junto a consejos asesores internacionales.Centros que combinan la exigencia de cumplimiento de objetivos y la evaluación del rendimiento.
Pero no todo son luces en este Análisis de más de 800 páginas que coordinan Luis Sanz y Laura Cruz, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC. Seguimos teniendo importantes deficiencias estructurales que dificultan nuestra convergencia. Para dar respuesta a las mismas, estamos tramitando el proyecto de ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que nos remitió el Gobierno en mayo de 2010 y que esperamos tener finalizado en el primer trimestre de este año. La nueva ley sustituirá a la Ley de Investigación Científica y Tecnológica de 1986, que tan buenos resultados ha dado. Dispondremos así de una poderosa herramienta para diseñar la estrategia de ciencia, tecnología e innovación de las próximas décadas y un marco idóneo para preparar una salida exitosa de la crisis. Que además de ser social debe ser una salida sostenible, donde seamos capaces de conjugar una cultura de la creación, el aprendizaje y la innovación.

Ángeles "Sindesmayo"

Nunca imaginó que terminaría por rebautizar, con su apellido, a la Ley de Economía Sostenible. Sólo tenía claro que era necesario hacer algo para regular el uso y disfrute de la propiedad intelectual en la red. Su actitud valiente le ha generado una avalancha de críticas y descalificaciones. "Sinderechos","sindescargas", "sindemocracia", etc., son algunos de los ocurrentes compuestos léxicos que han circulado en la reciente campaña de numerosos internautas contrarios a la regulación propuesta. No le hacen justicia..., ni a la ley ni a la persona. La ministra "Sindesmayo" sabe a dónde va.

Sin perder el ánimo, ni el valor, ni las fuerzas, Ángeles González Sinde, ministra de Cultura del Gobierno de España, sigue adelante: "confío en que habrá una norma equilibrada para la protección de los contenidos digitales". Al encuentro de ese espacio, lejos del "salvaje oeste" donde es posible el encuentro entre productores y usuarios, iniciamos el año del mismo modo en que lo acabamos. Vuelve el debate político sobre las webs de descarga no autorizada.. Tras el rechazo a la disposición final segunda de la LES -ley Sinde- en el Congreso el pasado día 21 de diciembre, será el Senado la cámara donde deberemos fraguar los acuerdos necesarios para alcanzar un marco legal que permita resolver de manera razonable los conflictos de convivencia en la Red. La LES llega al Senado esta semana y ya se han movilizado las plataformas contrarias volviendo a esgrimir los mismos argumentos conocidos, sin saber aún cuáles serán las modificaciones que el Gobierno está dispuesto a introducir.

"Escribe a tu senador para frenar la posible censura en Internet" y la presentación de un escrito en las puertas de la cámara alta, es parte de la movilización que impulsan asociaciones de internautas y algunas empresas del sector tecnológico. Solicitan que se mantenga la posición de rechazo aprobada en el Congreso sobre la base argumental de una hipotética defensa de la libertad digital. Nuevamente hay que decir que es falso; que los principios de libertad e igualdad no están en juego por esta regulación. Que el objetivo de la misma es la retirada de los contenidos digitales ofrecidos sin autorización de sus autores -propiedad intelectual-;que no se utilizará contra usuarios finales de Internet y que sólo podrá hacerse con autorización judicial para garantizar la libertad de expresión y de información.

La propuesta no es lo que se dice que es. No es un procedimiento sancionador, ni establece multas. No tiene nada que ver con la copia privada ni con el canon. Y no es una herramienta para fiscalizar a los ciudadanos porque en ninguna parte se establece la vigilancia de las comunicaciones personales de nadie. Por lo tanto, no es un procedimiento de censura salvo en los caso de contenidos ilegales como la pornografía infantil; y no atenta contra la libertad de expresión. Como señala Rosario Valpuesta, se ha extendido una versión postmoderna de la democracia que confunde a ésta con desregulación y anarquismo de vieja escuela: "haz lo que te apetezca". Olvidamos que la democratización de la cultura tiene mucho que ver con el fortalecimiento de los poderes públicos y que ha sido esta misma fortaleza del Estado frente a los poderes económicos la que ha permitido alcanzar mayores cotas de igualdad y libertad. En el debate que se reinicia tras la pausa navideña no podemos perder de vista la defensa del interés general. Y el interés de todos pasa también por la legítima defensa de la propiedad intelectual.

Fanatismo versus laicismo

Pues eso. Y nada más que eso es lo que hemos puesto de nuevo en evidencia en la sesión de la Comisión de Educación del Congreso en la tarde de hoy. Formaciones políticas sin miedo a afrontar los problemas que afectan a la convivencia y partidos que, como el Partido Popular, utilizan cualquier tema para enfrentarnos. La ocasión la ha brindado esta vez una proposición no de ley de Ezquerra que pretendía instar al Gobierno a establecer mecanismos para que los padres y madres pudieran reclamar la retirada inmediata de la simbología de los centro educativos y a establecer un plazo para la presentación en la Cámara de la revisión de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El grupo socialista no ha apoyado ni lo primero ni lo segundo. En su lugar ha prevalecido el acuerdo a través de una enmienda transaccional que he defendido esta tarde con la plena convicción de que estábamos dando un importante paso en el reconomiciento y protección de derechos, en el trayecto hasta alcanzar la condición de laicidad que la Constitución Española otorga a nuestro Estado. Y nos alegra que Joan Tardá y ERC se sumen al consenso constitucional sobre el artículo 10.2 donde se establece que "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas (...) se interpretarán de conformidad con (...) los Tratados y Acuerdos Internacionales suscritos por España. Esto implica algo tan sencillo como que debemos interpretar el artículo 14 (principio de igualdad) y el 16 (libertad religiosa) conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que España está adherido, y a la jurisprudencia que lo interpreta. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 3 de noviembre de 2009 (Lautsi c. Italia).

Ni más ni menos que lo recogido en el acuerdo transaccional al que ha llegado el Grupo Socialista por el que el Congreso insta al Gobierno a "trasladar la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto del artículo 9 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, desde el principio de neutralidad religiosa del Estado y, especialmente, en lo relativo a los centros escolares."
Y esto ¿qué significa? Pues exactamente lo que dice. Que instamos al Gobierno para que en la elaboración de la futura Ley Orgánica haga lo que públicamente anunció la Vicepresidenta Primera, Fernández de la Vega: revisar la ley de Libertad Religiosa para adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que caracteriza a España; para que recoja las garantías sobre el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de conciencia y que incorpore además de los acuerdos hoy vigentes entre el Estado y otras confesiones religiosas, lo que la jurisprudencia ha declarado ya en estos años. A saber: la STC (sentencia del Tribunal Constitucional) de 10 de mayo de 1982, que reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado; la STC de 18 de julio de 2002, que establece que el menor es titular del derecho a la libertad religiosa; la STC 46/2001, que impide que el Estado pueda adherirse ni prestar su respaldo a ningún credo religioso; y la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2004, la que señala la educación como especialmente sensible al tema de la libertad religiosa por tratarse de la fase de formación de la personalidad de los jóvenes en una sociedad que aspira a la tolerancia. Y que haga esto mismo en relación con la Sentencia del Tribunal Europeo de 3 de noviembre de 2009 también en lo relativo a lo que se señala sobre el derecho de los padres y madres a educar a sus hijos según sus convicciones. Es lo que hemos apoyado junto con ERC y BNG. La mejor forma de entenderlo es desde esa neutralidad ideológica y religiosa, mandato constitucional que obliga a respetarnos en los espacios públicos de convivencia. Los centros educativos, también lo son. Así ha sido hasta ahora y no entenderíamos que alguien pretendiese iniciar una nueva cruzada inquisitorial. ¿Derecha e izquierda?

Campus ¿de qué?

203 millones de euros para la reactivación de la economía,

el desarrollo regional y el cambio de modelo productivo.

En 2010, 90,5 millones

El programa se denomina Campus de Excelencia Internacional (C.E.I.) y lo desarrollan a duo los ministerios de Educación y el de Ciencia e Innovación. Hoy, con un Congreso asediado por la obras que también financia el Plan E, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha contestado a pregunta del autor de este blog algunas interrogantes sobre este novedoso programa. El "campus de excelencia" se encuadra en la Estrategia Universidad 2015, cuyo objetivo no es otro que abundar en el proceso de modernización de las universidades españolas, que ya impulsamos en la pasada legislatura con la aprobación de la reforma de la LOU, con las medidas para la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior, con más coordinación territorial y, sobre todo, con más y mejores presupuestos. Ahora parece que también nos hemos empeñado en implicar a las universidades en el cambio económico basado en el conocimiento y en la mejora de la innovación. Por eso, el C.E.I., además de mejorar la deficiente visibilidad internacional de la universidad española se propone regenerar el concepto de "campus". La clave será la agregación de todas las piezas del sistema de Ciencia y Tecnología que giran en torno a la universidad, que pasa, de este modo, a ejercer un papel coordinador del triángulo del conocimiento: educación, investigación e innovación. Y ¿por qué "de excelencia"?
La excelencia aquí no es, ni mucho menos, una importación del modelo alemán "Initiative for Excellence"; ni tampoco es producto de una moda. Esa moda que ha llenado el lenguaje público español de expresiones grandilocuentes y que mi paisano, Pedro Aparicio, describe como circumloquios, eufemismos y otras cursilerías de la afectación lingüística. La "excelencia" concierne al objetivo de calidad de mejora docente y científica, a la transformación del campus hacia un modelo de agregación estratégica de todos sus agentes y a la transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo. Es decir, la consecución de las mejores actividades en cada una de las fortalezas de nuestras universidades.Desde mi grupo queremos dar la enhorabuena a todos los seleccionados en la primera fase. También a aquellos otros que, como la Universidad de Málaga, han obtenido la mención de calidad por su carácter estratégico, lo que les permitirá situarse en mejor posición para optar el próximo año. Mezclar en el proceso de selección posibles criterios históricos, políticos o territoriales de los evaluadores sólo contribuye a la confusión y no ayuda a realizar la autocrítica necesaria. En el caso de la Universidad de Málaga será necesario que nos replanteemos cómo mejorar el nivel de agregación y, en concreto, esa peculiar combinación de Hortofruticultura tropical y Turismo sobre las que se había montado el proyecto. Estoy convencido de que en 2010 estaremos "agregados" al liderazgo del grupo C.E.I.

¿Más o menos derechos?

En la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
La reforma de la Ley de Extranjería, ha pasado el trámite de las enmiendas a la totalidad en el Congreso. Con ella, el Gobierno pretende crear un nuevo marco jurídico para el desarrollo de una política migratoria sostenible. Celestino Corbacho, ministro del ramo, ha reconocido la importancia del fenómeno "inmigratorio". En sólo diez años, de 800.000 residentes extranjeros a 4,5 millones. Se hace necesaria una nueva regulación que, de paso, incorpore las políticas de inmigración a la agenda europea como marco más adecuado para ofrecer soluciones globales. Por ello es por lo que este texto traspone una larga lista de Directivas europeas, desde la que regula la residencia de larga duración hasta la que trata la residencia de los investigadores, o el retorno de personas que se hallan en situación irregular.
Han surgido voces críticas con este proyecto de ley. Para algunos se produce una colisión entre el modelo migratorio liderado por la UE y la defensa de los derechos humanos. La coordinadora de ONGs observa aspectos graves en cuanto a retroceso en derechos como la negación del empadronamiento a los migrantes en situación irregular o los obstáculos al acceso a los servicios sociales y sanitarios básicos. Pero la realidad es bien distinta porque la norma cuya andadura se inicia ahora en la cámara baja incorpora a nuestro marco legislativo derechos fundamentales que fueron negados en la ley 4/2000. Recordamos que la reforma de la Ley de Extranjería abordada por el PP tras su victoria electoral por mayoría absoluta en marzo de 2000, negó a los inmigrantes irregulares derechos fundamentales que posteriormente el Tribunal Constitucional reconoció –derechos de asociación, reunión, manifestación, sindicación, huelga, educación y asistencia jurídica gratuita-.
Creo, por el contrario, que la actual reforma garantiza el ejercicio de esos derechos fundamentales. Y que lo hace además estableciendo un marco legal claro, que señala condiciones para la entrada, que apuesta por la regularidad y la integración, que pone en sintonía a las personas y a sus expectativas con la sociedad receptora o de acogida. Es cierto que el tema se presta a la demagogia fácil para quienes desean sembrar el miedo al diferente, al extraño. Ante quienes se atreven a culpabilizar a los inmigrantes de buena parte de los males de nuestra sociedad hay que hacer un esfuerzo para desmontar la mentira. Se trata de invalidar el discurso del conflicto como lo están realizando las organizaciones y movimientos contra la intolerancia. Podemos construir una buena convivencia y lograr la cohesión social sobre la base del respeto a la norma democrática. Y aún nos queda el trámite parlamentario, donde tendremos ocasión de mejorar el texto incorporando enmiendas de los grupos políticos y de todas aquellas organizaciones que desean hacer oir su voz.


De una Ley de Extranjería a una Ley de Inmigración.
Con esta reforma, el Gobierno pretende pasar de una Ley de extranjería a una Ley de inmigración; de un enfoque centrado en procesos administrativos a un enfoque integral que permita desarrollar una política migratoria sostenible e integradora.
Todo ello, en un marco normativo coherente con la legislación europea común y con la Constitución española, que ofrezca un escenario estable de seguridad jurídica.
Los objetivos que persigue esta reforma son:
1. Garantizar los derechos fundamentales que pertenecen a todas las personas por el hecho de serlo, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
2. Construir el acceso progresivo a otros derechos a partir de la residencia legal, y que se verán paulatinamente reforzados hasta alcanzar la residencia de larga duración.
3. Perfeccionar el sistema de inmigración legal y ordenada basado en las necesidades reales del mercado de trabajo.
4. Favorecer las oportunidades de integración de los inmigrantes dotando de medios suficientes a las Administraciones encargadas de desarrollar las políticas.
5. Aumentar la eficacia en la lucha contra la inmigración irregular, previniendo las llegadas de inmigración clandestina y agilizando las repatriaciones.
A estas razones de fondo se suman las necesarias adaptaciones de la ley a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la transposición de las diferentes Directivas europeas ya mencionadas.

Algunos cambios destacables.
La reforma aborda cambios en la reagrupación familiar como cauce legal de entrada, con el objetivo de potenciar la sostenibilidad del sistema. Las reformas se basan en priorizar la familia nuclear. Para ello: Se abre la reagrupación familiar a las parejas de hecho, exigiendo las garantías necesarias para probar la realidad de la relación. Hasta ahora, la pareja no se podía reagrupar
El cónyuge y los hijos menores reagrupados que tengan más de 16 años podrán acceder al mercado laboral desde su llegada a España sin necesidad de ningún otro trámite administrativo.
En la vigente ley, los menores reagrupados con edad laboral no podían trabajar.
Se mantiene la posibilidad de reagrupación de los padres y las madres, aunque se exige que el reagrupante disfrute de una residencia estable, de larga duración. Además, se establece como norma general que el ascendiente reagrupado tenga más de 65 años, aunque se tendrán en cuenta razones humanitarias para permitirla con una edad inferior.
El proyecto de ley incorpora la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la lucha contra la trata de de seres humanos. Asimismo, contempla una serie de mejoras en el ámbito de la lucha contra la inmigración irregular que persiguen profundizar en la prevención a través de la mejora de los controles fronterizos, aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación, de acuerdo con las Directivas europeas, y mejorar las garantías en las distintas situaciones. Entre ellas: La creación de un nuevo registro de entradas y salidas de los extranjeros en nuestro país, a efectos de control de su periodo de permanencia en España.
En los procedimientos de repatriación, se aumenta el período de internamiento de 40 a 60 días –
-muy lejos de los 18 meses que de forma excepcional permite la directiva europea- , pero se incorporan nuevas garantías a los mismos como : permitir la entrada de las ONG a los Centros de Internamiento, crear la figura del regreso voluntario, un periodo de entre 7 y 30 días para que se abandone voluntariamente España. Reducir a 5 años el periodo máximo de prohibición de entrada (la ley actual prevé 10 años), modulando ese periodo de acuerdo con las circunstancias de a persona repatriada. También se prevén nuevas infracciones como los matrimonios de conveniencia, o el falseamiento de los datos del padrón, con la finalidad de evitar el “sobreempadronamiento” de viviendas (los llamados “pisos patera”), y el tráfico entre particulares de falsos empadronamientos con el propósito de obtener los beneficios reales o futuros que puede otorgarles nuestro sistema.

Los brotes verdes de la Educación

España comienza a evolucionar favorablemente. Según los datos del último informe de la OCDE, "Panorama de la Educación 2009", ha comenzado a dar sus primeros resultados el esfuerzo inversor realizado por el Gobierno español. Todo ello cuando aún no hemos terminado de desarrollar las medidas de aplicación de la LOE, una ley con tan sólo tres años de vigencia.



El mismo día que debatíamos en la primera sesión plenaria del Congreso sobre una iniciativa del PP para reformar el sistema educativo español, se presentaban los datos del informe de la OCDE por la Secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia. El informe confirma que el sistema educativo español ha mejorado en la última década a un ritmo mucho más rápido que la media de países de la OCDE. Cada año la diferencia entre España y Europa se va reduciendo, y que esto indica que el mantenimiento de la tendencia acabará con el problema de retraso educativo histórico del que partíamos.Aunque queda mucho camino por andar para colocarnos al nivel del resto de países evaluados puesto que, según el estudio señalado, que toma en cuenta datos del curso 2006-2007 (primero de aplicación gradual de la LOE), uno de los puntos débiles del sistema español es que el porcentaje de jóvenes de entre 24 y 35 años que no tiene el título de Bachillerato o Formación Profesional (FP) asciende hasta el 35%, 15 puntos más que la media de la Unión Europea (UE) y 13 más que la de los países de la OCDE.
Estos datos han sido valorados también por los sindicatos mayoritarios de la enseñanza. Y así para la FETE-UGT resulta gratificante comprobar que los datos ofrecidos sobre Educación Infantil también presentan un destacable incremento en relación a años anteriores. Este año comenzará la primera etapa de infantil un 3,6% más de niños que el curso pasado. El sindicato reclama la implantación generalizada de este tramo con carácter educativo y gratuito mediante una oferta pública suficiente y, por otro lado, considera necesario abrir un espacio de reflexión en las enseñanzas postobligatorias a fin de mejorar los resultados académicos.
A pesar de los déficits preocupantes que recoge el informe de la OCDE, los datos de tendencia nos dicen que también en educación comenzamos a visualizar los primeros brotes verdes.



La actual Ley Orgánica de Educación-LOE- fijó un calendario de aplicación de cinco años a partir de la entrada en vigor de la norma, por lo que el curso que comienza en estos días es el cuarto de implantación. En el recuerdo las imágenes de los informativos del año de su aprobación: "El Congreso aprueba la LOE". Completamos ahora su implantación en Primaria, con 5º y 6º, y en Bachillerato con el 2º curso y la aplicación de la prueba de acceso a la Universidad. Junto a ello continua el desarrollo del Plan Educa3 (escolarización entre 0 y 3 años) que se extiende durante el periodo 2008-2012 y que contempla diversas medidas de calidad y equidad recogidas en la LOE. La novedad más importante para este curso en Primaria es que se añadirá el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos como asignatura independiente y obligatoria en 5º 0 6º. Los estamentos (como en el Antiguo Régimen) más conservadores de España han perdido la guerra absurda que desataron contra esta materia, con la ayuda del Partido Popular, pero han generado un daño importante en una parte significativa de nuestra sociedad que ha creido en los fantasmas de la caverna. Los mismos fantasmas que esgrimieron ayer en la tribuna del Congreso de los Diputados cuando hablaron de manera indocumentada de los 25 años de educación socialista y de las siete plagas. ¿Tanto trabajo cuesta entender las dificultades que hemos debido superar para empezar a salir del atraso histórico en el que aún nos hallamos en algunos aspectos?

No sólo la exclusión social erosiona el Estado del Bienestar

No son nuevas las tesis de los que cuestionan las bases del Estado del Bienestar, esto es, la intervención del Estado en la economía para garantizar los derechos y las necesidades básicas de los ciudadanos. Los postulados neoconservadores , nacidos a finales de la década de los setenta, no lograron desmantelar sus bases (no será porque no lo han intentado) pero sí han conseguido instalar en nuestra sociedad incertidumbres sobre la pertinencia y eficacia de las políticas sociales y de las consiguientes políticas fiscales necesarias para su mantenimiento.
Siguen en sus trece y hasta hemos escuchado a un líder de la derecha andaluza decir este verano que la subida de impuestos a las rentas más altas generará más pobreza. Se observa a simple vista que siguen siendo defensores a ultranza de políticas dirigidas a adelgazar el Estado del Bienestar. Sin remedio. Es otra de las notas características que diferencia a los conservadores españoles de los del resto de la UE.
Con este panorama tiene mérito la posición defendida por el Gobierno de España que, al contrario de la imagen de vaivenes continuos con que muchos lo dibujan en sus actuaciones, se mantiene firme en los compromisos contraídos respecto a la política social, y ello a pesar de la línea de austeridad presupuestaria para abordar la actual crisis económica, sin reducir ni congelar el conjunto del gasto social ni el gasto productivo. Parece que a muchos les agradaría otra cosa e incluso se frotan las manos estos días cuando se debate en torno a la ampliación de la cobertura de los 420 euros par quienes agotaron la prestación o se anuncia una revisión de algunas formas impositivas. Piensan que el caos y las tensiones se apoderarán pronto del escenario político. No encuentran otra forma de obtener la confianza de los ciudadanos que generando un clima de crispación y desesperanza colectiva. Van más allá, y con ayuda de los sectores mediáticos próximos intentan convertir lo que en esencia es una medida de gran calado social para hacer frente al desempleo, entre quienes están en peores circunstancias, en una supuesta injusticia por el hecho de que se otorgue a partir de una fecha u otra. Tanto si se otorga a partir del 1 de agosto, como si se hace desde el 1 de junio o desde el 1 de enero, el sistema seguirá sin poder atender a ese cerca del millón de desempleados que no tienen derecho a prestación alguna. Todo por la sencilla razón de que nuestro sistema de protección al desempleo es contributivo y no pueden acceder a él quienes no han contribuido al sostenimiento del mismo.
En ese punto estamos, en el de que la duración y profundidad de esta crisis pueda hacer crecer de forma considerable el número de personas en situación de riesgo de exclusión social. Y en el de un país que tendría que desarrollar una política de rentas de inserción social o rentas mínimas de forma coordinada y solidaria entre todas las Comunidades Autónomas que son en estos momentos las competentes en la materia. Pero ésta es harina de otro costal.
Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados se trabaja ya para alcanzar los acuerdos necesarios que permitan convalidar el Real Decreto para la extensión de la cobertura del desempleo. El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, es contundente cuando afirma que hay “margen de maniobra para extender en el tiempo” la prestación de las ayudas de los 420 euros a parados que hayan agotado su derecho a prestación por desempleo, de manera que cubra "la mayor cantidad posible" de personas que lo necesiten. Nuevamente el diálogo y la negociación servirán a todos para aislar a España de los efectos indeseados de esta crisis.

El amor merece respeto

La homofobia merece la condena social.

El 17 de mayo hemos celebrado el Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Una conmemoración que fue objeto de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados hace dos semanas instando al Gobierno a la declaración de este día como tal y al impulso de su reconocimiento internacional a través de la ONU, sumándose a la consideración de esta fecha como símbolo de la lucha por la igualdad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. El manifiesto de la FELGTB inscribe la importancia de esta celebración dentro del año 2009, como año de la diversidad afectivo-sexual, esa que se les ha atragantado a algunos en forma de asignatura de "Educación para la ciudadanía" y que recoge nuestra Ley Orgánica de Educación que aprobamos la pasada legislatura. Del mismo modo, también en la pasada legislatura, presenté en nombre de mi grupo a la Comisión de Educación una iniciativa que instaba al Gobierno a impulsar, en primer lugar, medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo de la diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferencias que permita superar los comportamientos sexistas. Y, en segundo término, a fomentar y orientar actuaciones en los Centros educativos para fortalecer las capacidades afectivas del alumnado y el rechazo a toda forma de violencia y a los prejuicios que alimentan las actitudes homofóbicas. Fue aprobada a pesar del voto en contra de la derecha que argumentaba una fantasmal hoja de ruta de un tal "loby rosa", amén de un rosario de barbaridades del más puro estilo neocons. Les remito al diario de sesiones del 29 de mayo de 2006.


La aceptación de la homosexualidad en España, su visibilidad y el respeto a esta orientación sexual han crecido de manera evidente. Se trata de una consecuencia directa de la perseverante actuación reivindicativa de los diferentes colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, que han contado con el apoyo explícito de los medios de comunicación y de las organizaciones en defensa de los derechos humanos. En sintonía con esta realidad, el Gobierno impulsó un proceso de ampliación de los derechos de ciudadanía a través de la reforma del Código Civil para la extensión del derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo. El texto legal fue definitivamente aprobado por el Congreso y la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio, ha significado un paso muy importante en la lucha contra la discriminación legal por orientación sexual y en favor de la normalización.
Pero la igualdad legal no es suficiente. Del mismo modo que la igualdad reconocida en las leyes no ha sido suficiente para acabar con la discriminación de las mujeres, la igualdad legal de las personas homosexuales y transexuales no garantiza la eliminación de las actitudes homofóbicas y transfóbicas, esas actitudes y comportamientos que se caracterizan por su aversión obsesiva hacia las personas cuya orientación sexual no se ajusta al patrón mayoritario.
Nadie podrá negar que la homofobia persiste y particularmente en los centros escolares y que sigue vivos numerosos prejuicios sobre la sexualidad en general y sobre la homosexualidad y transexualidad de forma específica. Las agresiones, los insultos, la burla, la humillación, las injurias que padecen muchos jóvenes y muchas jóvenes por su orientación sexual se alimentan de prejuicios que necesitamos desterrar. El mejor instrumento es el de la formación y la mejor etapa para aplicarlo se encuentra en la infancia y la juventud donde tienen lugar el aprendizaje de los roles de género.
El compromiso con los principios de igualdad de trato de las personas y de lucha contra las discriminaciones basadas en la orientación sexual está, por tanto, plenamente asumido por el Gobierno. ¿Lo está también por toda la sociedad? Ahora toca un nuevo paso hacia adelante: la anunciada Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación llegará a la Cámara en pocos meses y abre un nuevo horizonte de esperanza para dotar a todas nuestros principios legales de herramientas jurídicas que sancionen y persigan a quienes atentan contra la dignidad de las personas discriminándolas. La ley luchará contra la discriminación por motivos raciales o étnicos, discapacidad, edad y orientación e identidad sexual. Y atenderá, por un lado, a la prevención y, por otro, a la puesta en marcha de políticas activas para perseguir las conductas discriminatorias, con la posible creación de la figura del fiscal especializado contra la discriminación.