La economía sumergida recoge las actividades económicas que se realizan en un país de forma ilegal. No hablamos del contrabando o el tráfico de drogas que forman parte de la delincuencia, sino de esas actividades económicas que escapan al control público y a la fiscalidad general generando importantes perjuicios que se proyectan sobre la competencia desleal y la disminución o anulación de la protección social de los trabajadores afectados y de sus condiciones de vida. La economía sumergida tiene defensores entre las posiciones ideológicas cercanas al neoliberalismo poque observa en ella evidentes ventajas. ¿Ventajas para quién? Para los empresarios que emplean trabajadores sin contrato que suelen funcionar a destajo, por los que no cotiza, a los que paga salarios de miseria y a los que puede despedir libremente. No nos engañemos, el empleo sumergido es un mal negocio para los trabajadores y para el conjunto de la sociedad. Perdemos todos porque es un fraude, muchas veces consentido, que dificulta la obtención de ingresos para atender la necesidades colectivas y las de incremento del gasto en protección social. El fraude en las actividades económicas, incluido el fraude tributario, el laboral y a la Seguridad Social, tiene consecuencias muy negativas para la sociedad en general y para los trabajadores en particular. Es una demostración de insolidaridad que perjudica a quienes cumplimos con nuestras obligaciones fiscales puesto que a menor recaudación menos servicios podremos recibir. Las consecuencias más negativas del fraude laboral recaen en los trabajadores con empleo sumergido, aunque a veces ellos no lo crean, especialmente en esos colectivos que presentan mayores riesgos de precariedad y una mayor vulnerabilidad ante la violación de sus derechos laborales. Hablamos de la población trabajadora extranjera (especialmente, los que tienen una situación administrativa irregular) y de las personas jóvenes y las mujeres.
El gobierno pone en marcha un plan dirigido a propiciar el afloramiento del trabajo no declarado que permita mejorar el nivel de justicia y solidaridad social en nuestro mercado de trabajo y en la economía española. Con este plan se abordan medidas de carácter temporal que favorecen el afloramiento del trabajo no declarado más allá de las actuaciones que ya se abordan de manera sistemática, entre las que ya se incluyen aquellas que fueron aprobadas contra el fraude fiscal. Pero este plan nace con serias críticas desde las centrales sindicales. Para CCOO y UGT no resulta adecuado ni en tiempo, ni en forma, ni en contenido la puesta en marcha de este Plan, que "ni va a aflorar el grueso de este empleo, ni va a mejorar la protección de los trabajadores, ni va a aumentar los ingresos públicos, ni va a eliminar la competencia desleal entre empresas." Nuevamente pueden observarse, como en el caso de la reciente Reforma Laboral, las dificultades que tiene que vencer el ejecutivo para conciliar intereses contrapuestos entre la patronal de empresarios y los representantes de los trabajadores. No es tarea fácil, lo sabe el ministroValeriano Gómez, pero el objetivo merece el empeño. El empeño de quien tiene la responsabilidad de gobernar y tomar decisiones. En esta ocasión, para que podamos aflorar la España del empleo sumergido, para generar nuevas oportunidades y seguir contribuyendo a la construcción de un estado con más equidad social.
