No sólo la exclusión social erosiona el Estado del Bienestar

No son nuevas las tesis de los que cuestionan las bases del Estado del Bienestar, esto es, la intervención del Estado en la economía para garantizar los derechos y las necesidades básicas de los ciudadanos. Los postulados neoconservadores , nacidos a finales de la década de los setenta, no lograron desmantelar sus bases (no será porque no lo han intentado) pero sí han conseguido instalar en nuestra sociedad incertidumbres sobre la pertinencia y eficacia de las políticas sociales y de las consiguientes políticas fiscales necesarias para su mantenimiento.
Siguen en sus trece y hasta hemos escuchado a un líder de la derecha andaluza decir este verano que la subida de impuestos a las rentas más altas generará más pobreza. Se observa a simple vista que siguen siendo defensores a ultranza de políticas dirigidas a adelgazar el Estado del Bienestar. Sin remedio. Es otra de las notas características que diferencia a los conservadores españoles de los del resto de la UE.
Con este panorama tiene mérito la posición defendida por el Gobierno de España que, al contrario de la imagen de vaivenes continuos con que muchos lo dibujan en sus actuaciones, se mantiene firme en los compromisos contraídos respecto a la política social, y ello a pesar de la línea de austeridad presupuestaria para abordar la actual crisis económica, sin reducir ni congelar el conjunto del gasto social ni el gasto productivo. Parece que a muchos les agradaría otra cosa e incluso se frotan las manos estos días cuando se debate en torno a la ampliación de la cobertura de los 420 euros par quienes agotaron la prestación o se anuncia una revisión de algunas formas impositivas. Piensan que el caos y las tensiones se apoderarán pronto del escenario político. No encuentran otra forma de obtener la confianza de los ciudadanos que generando un clima de crispación y desesperanza colectiva. Van más allá, y con ayuda de los sectores mediáticos próximos intentan convertir lo que en esencia es una medida de gran calado social para hacer frente al desempleo, entre quienes están en peores circunstancias, en una supuesta injusticia por el hecho de que se otorgue a partir de una fecha u otra. Tanto si se otorga a partir del 1 de agosto, como si se hace desde el 1 de junio o desde el 1 de enero, el sistema seguirá sin poder atender a ese cerca del millón de desempleados que no tienen derecho a prestación alguna. Todo por la sencilla razón de que nuestro sistema de protección al desempleo es contributivo y no pueden acceder a él quienes no han contribuido al sostenimiento del mismo.
En ese punto estamos, en el de que la duración y profundidad de esta crisis pueda hacer crecer de forma considerable el número de personas en situación de riesgo de exclusión social. Y en el de un país que tendría que desarrollar una política de rentas de inserción social o rentas mínimas de forma coordinada y solidaria entre todas las Comunidades Autónomas que son en estos momentos las competentes en la materia. Pero ésta es harina de otro costal.
Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados se trabaja ya para alcanzar los acuerdos necesarios que permitan convalidar el Real Decreto para la extensión de la cobertura del desempleo. El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, es contundente cuando afirma que hay “margen de maniobra para extender en el tiempo” la prestación de las ayudas de los 420 euros a parados que hayan agotado su derecho a prestación por desempleo, de manera que cubra "la mayor cantidad posible" de personas que lo necesiten. Nuevamente el diálogo y la negociación servirán a todos para aislar a España de los efectos indeseados de esta crisis.