lunes, 25 de julio de 2011

Jóvenes y mal parados.

La crisis que no quiere irse ha generado algunos problemas especialmente graves. Y no me refiero a los quebrantos que esta plaga viene produciendo en las economías de muchas empresas. Conviene no olvidar que la crisis no afecta a todas por igual, ni a todos sus integrantes con la misma intensidad por esa simple razón del desigual reparto del poder y la riqueza. Entre los más graves problemas generados por esta crisis está el fuerte aumento del paro en los jóvenes. Los peor parados.


Foto: Santiago Sierra (1966)

El incremento del desempleo en los primeros meses de esta año se sigue cebando con los jóvenes entre los 16 y los 34 años. Lo confirman diversos trabajos de campo y entre ellos el índice que elabora el Grupo Manpower: "El mercado de trabajo en los primeros meses de 2011 y la Enlacerespuesta de los jóvenes a la crisis del empleo", minucioso estudio a cargo de un equipo de investigadores de la Autónoma de Barcelona. Es dramática la destrucción de una parte muy importante del empleo que tenían los jóvenes: De los 8 millones de puestos de trabajo que ocupaban en 2007 hemos pasado a 5,8 millones en los primeros meses de 2011. El retroceso de 2,4 millones explicaría el 100% de toda la destrucción de empleo de este país. Entre los jóvenes que sobreviven o encuentran trabajo, además, se mantiene un elevado porcentaje de de personas subempleadas o con jornada laboral inferior a lo deseado, un síntoma más del deterioro de la situación en el mercado de trabajo de los jóvenes durante los tres últimos años de crisis económica. Un hecho que viene a constatar la tendencia reflejada en años precedentes en España y en Europa, con la excepción de Alemania. La debilidad de la recuperación del mercado laboral europeo no ha impedido el progresivo aumento del desempleo juvenil, donde a finales de 2010 contábamos ya con 5,4 millones de jóvenes desempleados. Es natural que estas cifras de paro juvenil constituyan una de las principales preocupaciones de la mayoría de los estados miembros de la U.E. si descontamos los tremendos dolores de cabeza que sigue produciendo la crisis financiera y nuestra proverbial lentitud de respuesta como entidad supranacional.
La evolución en España ha sido especialmente negativa tanto en tasas como en valores absolutos lo que ha llevado al Gobierno a encarar algunas reformas estructurales con carácter de urgencia. Fue el caso de la contestada ley de Reforma Laboral del pasado año, la Ley 35/2010 de Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que pretende incentivar las contrataciones de aquellos colectivos con más dificultades de empleabilidad (jóvenes de 16 a 30 años con déficit de cualificación y mayores de 45 años parados de larga duración). Los dos cambios más importantes en relación con las políticas activas de empleo han tenido el mismo padre: el nunca suficientemente valorado Acuerdo Social y Económico para el crecimiento y el empleo y la garantía de las pensiones, que firmaron gobierno, patronal y sindicatos en febrero de este año. Dos reales decretos-leyes convalidados por el Congreso de los Diputados. El RD-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, incluye medidas dirigidas específicamente a reducir el desempleo de los jóvenes menores de 30 años. El segundo, el RD-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, con especial incidencia en una mayor integración de las políticas activas de empleo para jóvenes.
No ha habido tiempo material para evaluar la efectividad de las reformas emprendidas y en vías de aplicación, por lo que mantenemos viva la esperanza en su eficacia a la par que se van produciendo las respuestas de los jóvenes a la crisis. Entre ellas, el regreso a las aulas para continuar la formación interrumpida o ampliar la obtenida.
Esto es lo que ocupa y preocupa a líderes políticos responsables, con R, como Alfredo Pérez Rubalcaba que no hace más que insistir en propuestas para crear empleo juvenil. Ahora mediante lo que ha denominado un "nuevo contrato de trabajo aprendizaje" para que los jóvenes parados sin cualificación -principalmente los que dejaron los estudios para trabajar en la construcción- trabajen y a la vez puedan formarse en institutos o centros de Formación Profesional acreditados. Pero esa tarea requiere muchas complicidades y un ejercicio de abstracción sobre lo que son problemas secundarios para volcarnos en el principal reto: el empleo de los jóvenes, ni más ni menos que el futuro de nuestra sociedad.
¿Seremos capaces o seguiremos debatiendo sobre la fecha de las elecciones generales?

lunes, 4 de julio de 2011

El derecho a no ser discriminado

Contra reloj, casi en tiempo de descuento, el Congreso se dispone a la tramitación del proyecto de ley para la igualdad de trato y no discriminación antes de que finalice la presente legislatura. Hay ganas de seguir avanzando hacia la igualdad real en este tiempo de la equidad que en la historia española ha marcado el presidente Zapatero. Suma y sigue: el debate del Estado de la Nación que acabamos concluir ha permitido la aprobación de algunas propuestas de resolución que profundizan en tal sentido. Una del grupo socialista para seguir impulsando y fortaleciendo medidas de cohesión social y combatir el racismo y la xenofobia mediante la elaboración de una estrategia nacional. Otra del mismo grupo, para elaborar un nuevo Plan de Inclusión Social en el segundo semestre de 2011, dentro del marco de la Estrategia Europea 2020. Los pasos hacia la igualdad real son más firmes y seguros cuando las medidas despiertan amplios consensos; y éstas que ahora aprobamos parece que sí los han generado.

No apunta en la misma dirección, al menos inicialmente, el proyecto de ley de Igualdad de trato. No nos pilla desprevenidos: la derecha ya puso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres; y todavía, hay que recordarlo cuando acabamos de celebrar la semana del orgullo LGTB, no ha retirado otro recurso contra la de matrimonio entre personas del mismo sexo.
¿Acaso alguien pensó que el camino de la igualdad real iba a ser fácil? Ni mucho menos. Pero no estamos solos; porque nunca lo estuvimos hemos llegado hasta aquí.
Por muchos obstáculos que aparezcan, tenemos el compromiso político y moral de sacar adelante una ley de igualdad de trato y no discriminación a la altura de una sociedad que exige más y mejor democracia. Se trata de una ley necesaria porque va a dar un tratamiento unitario a todo el ordenamiento español en materia de igualdad; de ahí su carácter integral. Será una normal útil porque su carácter transversal ayudará a eliminar cualquier práctica discriminatoria en los distintos ámbitos de la vida. Es una ley oportuna porque, además de ampliar los motivos de discriminación, servirá para trasponer adecuadamente las directivas europeas en vigor en materia de lucha contra la discriminación. Y será una ley eficaz porque contempla instrumentos para mejor alcanzar sus objetivos e incluye la creación de una "autoridad" para la igualdad de trato como organismo responsable de su promoción.
La concreción del derecho a la igualdad de trato en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural la convierten en una norma esencial del derecho antidiscriminatorio que puede dar cobertura a todo tipo de discriminaciones, las existentes y las venideras. Para el acceso al empleo por cuenta ajena, se establece la prohibición de cualquier limitación, secregación o exclusión y extiende su aplicación a la negociación colectiva, al trabajo por cuenta propia y a las organizaciones sindicales y empresariales. Sin dejar atrás el respeto al derecho de igualdad de trato por parte de los medios de comunicación social.
El proyecto de ley, como es habitual, tendrá que ser mejorado en el trámite parlamentario. Mejoras que podrán atender tanto al lenguaje o a la técnica jurídica de transposición de las directivas comunitarias como hacia aquellos espacios donde algunos pudieran obervar sombras de inconstitucionalidad. Sin dejar aparte el debate y consideración de otras como las que afectan al uso y disfrute de los servicios educativos y las que garantizan la adopción de medidas y recursos necesarios para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, la incorporación al sistema educativo y las acciones de carácter compensatorio que eliminen las desigualdades en la educación. Como expresa su título preliminar, para que nadie pueda ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra circunstancia personal o social.
Deberes parlamentarios para un final esprintado de la novena legislatura.