martes, 31 de enero de 2012

¿A merced del azar?

Soy huérfano. De padre y madre. Es todo lo que puedo decir tras este lapso-colapso de silencio en el que he  recuperado mi oficio de enseñar.  De hecho, es así como contesto a los compañeros del instituto cuando me preguntan:
- Y tu ¿de quién eres?
Ahora también recupero esa costumbre observadora que consiste en contar y valorar cuanto se pone a tu alcance -algunos lo llaman bloguear-. Lo hago para posicionarme dentro de mi partido. Y aunque muchos de "los míos" se empeñaron en decir que 2011 "no importaba", por aquello de aliviar los efectos de la crisis y el desastre que se anunciaba a los socialistas con responsabilidades de gobierno, hoy debo señalar que 2011 sí importaba...y mucho. Como importaban 2009 o 2010. Siguen y continuarán siendo importantes  porque no es posible resolver la encrucijada de 2012 sin identificar los resortes y mecanismos que dejaron de funcionar en el Partido Socialista  y que nos han llevado a este estado de cosas. El problema es que este ejercicio de diagnóstico resulta, cuando menos, arriesgado en las actuales circunstancias -de gran afección/desafección-  y con tan escasos márgenes de visión que no dan más que para una perspectiva forzosamente distorsionada.

 En esta condiciones los socialistas nos disponemos  a celebrar el 38 Congreso Federal para elegir liderazgo y  rumbo del partido en los próximos años. Dos candidatos, a fecha de hoy,   con posiblidades; un programa similar inspirado en buenos propósitos de recuperación de las raíces socialdemócratas, junto a un cúmulo de lugares comunes y falsos estereotipos que seguidores de uno y otra  propalan por las redes.
Y por encima de todo, dos compañeros, Carmen Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba que están dando lo mejor de sí mismo para que este proceso  confluya hacia la  configuración de una organización política más fuerte y útil para la democracia española.  Y yo ¿de quién soy? Difícil empresa  la de pronunciarse a la vista de las escasas diferencias reales entre las opciones representadas por Chacón y Rubalcaba. En el juego de representaciones interesadas se contraponen ideas de futuro y pasado como si ambos candidatos no vinieran de donde vienen y como si la biología fuera determinante para el liderazgo social. No he conocido últimamente persona más joven que José Luis Sampedro a sus 95 años, al que he podido entrevistar en Mijas hace unos días.
Se maneja con gran alegría  el concepto de cambio. ¿Cambio respecto a qué situación de partida? Como si el Partido Socialista  hubiera estado hasta ayer gobernado por Felipe González o que el liderazgo de Zapatero y la actuación de su equipo nunca hubieran existido. Y uno se subsume aún más en la duda.
Escucho a compañeros apelar a la necesidad imperante de cambio sin que hayamos determinado aún las coordenadas exactas hacia donde debemos dirigir la nave. Porque no ha dado tiempo practicamente a  nada más que a adquirir la conciencia de que es necesario abrir del partido para que pueda ser penetrado por la sociedad. Es el cambio que está por hacer y lo  entiendo como una tarea colectiva para la que son precisos liderazgos que aún están por venir. En esta tesitura  necesitaremos los mejores ingenieros, constructores de puentes, parteros de una organización renovada que no deje de ser socialmente relevante y que, a la vez, sirva de muro de contención y defensa de los intereses de quienes padecen los peores efectos de esta crisis. En esta coyuntura y para esta travesía la mejor cabeza que conozco se llama Alfredo Pérez Rubalcaba. Su hoja de servicios y su compromiso así lo acreditan.

He tenido la suerte, siendo diputado de a pie, de ver  cómo desempeñó Rubalcaba  la función de dirección y  portavocía del grupo parlamentario socialista en la VIII legislatura. De cualquier modo y desde mi orfandad -que es la de muchos militantes-  pienso que la concurrencia de candidatos de gran valía y la determinación de profundizar en la democratización de la vida interna del partido socialista son bazas suficientes para no dejar el resultado en manos del azar. Ni del azar, ni de la mercadotecnia publicitaria ni de burdas simplificaciones maniqueístas que insultan la inteligencia de un partido centenario.


miércoles, 31 de agosto de 2011

Lo urgente y lo importante.

Hemos decidido que nuestra ya veterana Constitución salga también en defensa de los intereses generales del país frente a la crisis; con toda la legitimidad que otorga nuestro sistema de democracia representativa. Una reforma constitucional con todas las letras, conforme ha previsto el título X de la carta magna, para recoger los principios de la estabilidad presupuestaria que ya veníamos practicando. ¿Era necesario constitucionalizarla? En circunstancias normales no lo hubiera sido, pero a la vista de lo ocurrido en las últimas semanas la reforma constitucional hasta puede resultar un mal menor. Los socialistas @conRubalcaba creemos que consagrar la estabilidad presupuestaria es una garantía para los ciudadanos.
A diferencia de los anteriores intrumentos manejados por el gobierno para combatir los efectos de la crisis, en esta ocasión lo hacemos con acuerdo del principal partido de la oposición. Pacto y polémica subsiguiente sobre cuestiones no resueltas a gusto de todos: ampliación de la base del acuerdo y posterior sometimiento a refenremdum. Se trata de la segunda reforma constitucional desde su aprobación en 1978. La anterior data de 1992 cuando introdujimos una modificación en el artículo 13.2 con el objeto de concordar su redactado a lo que estableción el Tratado de Maastricht del mismo año en relación al derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Con tener ambas reformas un carácter parcial y limitado, la modificación constitucional del artículo 135 que hemos acometido contiene elementos que han puesto en guardia a amplios sectores de nuestra sociedad en demanda de mayor claridad sobre el alcance de la misma. Y en demanda de mayor calidad democrática en su procedimiento. El debate está servido y ha relegado a un segundo plano el principal problema: las medidas para combatir las elevadas tasas de desempleo y sostener la protección a quienes salieron expulsados del mercado de trabajo. Esta reforma constitucional, de la que pretendemos beneficios para afrontar nuestra recuperación económica, es en realidad un remedio in extremis ante la grave situación que padecemos y una probable agudización de la crisis financiera en la zona euro: el fantasma de la recesión acecha. De aquí su urgencia. Y de esta emergencia, la decisión de los dos principales partidos políticos de abordarla por una vía extraordinaria y sin consulta popular. No es casual que el acuerdo se haya producido entre partidos políticos mayoritarios, los únicos que han tenido y tienen opciones reales de gobierno en España.
La reforma no ha roto ningún proceso constituyente, como afirma CIU, puesto que el de esta constitución ya tuvo lugar en su momento; ni es un golpe contra la carta magna, como dice Llamazares, puesto que no modifica su esencia. Pero sí que puede degradar la calidad democrática si ocurre que la urgencia, una vez más, devora lo importante. Y es que sucede en la vida ordinaria, en la acción diaria: las emergencias producen una y otra vez el mismo efecto sobre el orden de prioridades en la acción política. Y en esta ocasión tenemos un alto riesgo de que la emergencia nos conduzca al desestimiento de las tareas importantes. Y sabemos cuáles son; las hemos formulado en las resoluciones de último debate del Estado de la Nación. Y algunas tienen que ver con el clamor que ha circulado estos meses por plazas y calles españolas a partir de la movilización del 15M.
La inoportunidad de la celebración de un referéndum que avale la consagración constitucional de la estabilidad presupuestaria y su sustitución por el refrendo legítimo y democrático de los representantes en las Cortes es una decisión que debería venir acompañada de un compromiso pactado con calendario para abordar las también urgentes y a la vez importantes tareas de regeneración democrática, con ésta o con una nueva constitucion. Los ciudadanos entienden la urgencia pero necesitan sentir que lo importante no queda nuevamente relegado en el archivo de "pendientes". No podemos permitir que la crisis económica provoque una ruptura entre el sistema económico y el sistema social. Como apunta Alain Touraine, hay que proclamar sobre todo que la democracia, que transforma a los trabajadores en ciudadanos responsables, es la condición primera para la recuperación económica y social.
"Quiero ser respetado, no quiero ser humillado"... nuevamente por las urgencias.

lunes, 25 de julio de 2011

Jóvenes y mal parados.

La crisis que no quiere irse ha generado algunos problemas especialmente graves. Y no me refiero a los quebrantos que esta plaga viene produciendo en las economías de muchas empresas. Conviene no olvidar que la crisis no afecta a todas por igual, ni a todos sus integrantes con la misma intensidad por esa simple razón del desigual reparto del poder y la riqueza. Entre los más graves problemas generados por esta crisis está el fuerte aumento del paro en los jóvenes. Los peor parados.


Foto: Santiago Sierra (1966)

El incremento del desempleo en los primeros meses de esta año se sigue cebando con los jóvenes entre los 16 y los 34 años. Lo confirman diversos trabajos de campo y entre ellos el índice que elabora el Grupo Manpower: "El mercado de trabajo en los primeros meses de 2011 y la Enlacerespuesta de los jóvenes a la crisis del empleo", minucioso estudio a cargo de un equipo de investigadores de la Autónoma de Barcelona. Es dramática la destrucción de una parte muy importante del empleo que tenían los jóvenes: De los 8 millones de puestos de trabajo que ocupaban en 2007 hemos pasado a 5,8 millones en los primeros meses de 2011. El retroceso de 2,4 millones explicaría el 100% de toda la destrucción de empleo de este país. Entre los jóvenes que sobreviven o encuentran trabajo, además, se mantiene un elevado porcentaje de de personas subempleadas o con jornada laboral inferior a lo deseado, un síntoma más del deterioro de la situación en el mercado de trabajo de los jóvenes durante los tres últimos años de crisis económica. Un hecho que viene a constatar la tendencia reflejada en años precedentes en España y en Europa, con la excepción de Alemania. La debilidad de la recuperación del mercado laboral europeo no ha impedido el progresivo aumento del desempleo juvenil, donde a finales de 2010 contábamos ya con 5,4 millones de jóvenes desempleados. Es natural que estas cifras de paro juvenil constituyan una de las principales preocupaciones de la mayoría de los estados miembros de la U.E. si descontamos los tremendos dolores de cabeza que sigue produciendo la crisis financiera y nuestra proverbial lentitud de respuesta como entidad supranacional.
La evolución en España ha sido especialmente negativa tanto en tasas como en valores absolutos lo que ha llevado al Gobierno a encarar algunas reformas estructurales con carácter de urgencia. Fue el caso de la contestada ley de Reforma Laboral del pasado año, la Ley 35/2010 de Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que pretende incentivar las contrataciones de aquellos colectivos con más dificultades de empleabilidad (jóvenes de 16 a 30 años con déficit de cualificación y mayores de 45 años parados de larga duración). Los dos cambios más importantes en relación con las políticas activas de empleo han tenido el mismo padre: el nunca suficientemente valorado Acuerdo Social y Económico para el crecimiento y el empleo y la garantía de las pensiones, que firmaron gobierno, patronal y sindicatos en febrero de este año. Dos reales decretos-leyes convalidados por el Congreso de los Diputados. El RD-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, incluye medidas dirigidas específicamente a reducir el desempleo de los jóvenes menores de 30 años. El segundo, el RD-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, con especial incidencia en una mayor integración de las políticas activas de empleo para jóvenes.
No ha habido tiempo material para evaluar la efectividad de las reformas emprendidas y en vías de aplicación, por lo que mantenemos viva la esperanza en su eficacia a la par que se van produciendo las respuestas de los jóvenes a la crisis. Entre ellas, el regreso a las aulas para continuar la formación interrumpida o ampliar la obtenida.
Esto es lo que ocupa y preocupa a líderes políticos responsables, con R, como Alfredo Pérez Rubalcaba que no hace más que insistir en propuestas para crear empleo juvenil. Ahora mediante lo que ha denominado un "nuevo contrato de trabajo aprendizaje" para que los jóvenes parados sin cualificación -principalmente los que dejaron los estudios para trabajar en la construcción- trabajen y a la vez puedan formarse en institutos o centros de Formación Profesional acreditados. Pero esa tarea requiere muchas complicidades y un ejercicio de abstracción sobre lo que son problemas secundarios para volcarnos en el principal reto: el empleo de los jóvenes, ni más ni menos que el futuro de nuestra sociedad.
¿Seremos capaces o seguiremos debatiendo sobre la fecha de las elecciones generales?

lunes, 4 de julio de 2011

El derecho a no ser discriminado

Contra reloj, casi en tiempo de descuento, el Congreso se dispone a la tramitación del proyecto de ley para la igualdad de trato y no discriminación antes de que finalice la presente legislatura. Hay ganas de seguir avanzando hacia la igualdad real en este tiempo de la equidad que en la historia española ha marcado el presidente Zapatero. Suma y sigue: el debate del Estado de la Nación que acabamos concluir ha permitido la aprobación de algunas propuestas de resolución que profundizan en tal sentido. Una del grupo socialista para seguir impulsando y fortaleciendo medidas de cohesión social y combatir el racismo y la xenofobia mediante la elaboración de una estrategia nacional. Otra del mismo grupo, para elaborar un nuevo Plan de Inclusión Social en el segundo semestre de 2011, dentro del marco de la Estrategia Europea 2020. Los pasos hacia la igualdad real son más firmes y seguros cuando las medidas despiertan amplios consensos; y éstas que ahora aprobamos parece que sí los han generado.

No apunta en la misma dirección, al menos inicialmente, el proyecto de ley de Igualdad de trato. No nos pilla desprevenidos: la derecha ya puso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres; y todavía, hay que recordarlo cuando acabamos de celebrar la semana del orgullo LGTB, no ha retirado otro recurso contra la de matrimonio entre personas del mismo sexo.
¿Acaso alguien pensó que el camino de la igualdad real iba a ser fácil? Ni mucho menos. Pero no estamos solos; porque nunca lo estuvimos hemos llegado hasta aquí.
Por muchos obstáculos que aparezcan, tenemos el compromiso político y moral de sacar adelante una ley de igualdad de trato y no discriminación a la altura de una sociedad que exige más y mejor democracia. Se trata de una ley necesaria porque va a dar un tratamiento unitario a todo el ordenamiento español en materia de igualdad; de ahí su carácter integral. Será una normal útil porque su carácter transversal ayudará a eliminar cualquier práctica discriminatoria en los distintos ámbitos de la vida. Es una ley oportuna porque, además de ampliar los motivos de discriminación, servirá para trasponer adecuadamente las directivas europeas en vigor en materia de lucha contra la discriminación. Y será una ley eficaz porque contempla instrumentos para mejor alcanzar sus objetivos e incluye la creación de una "autoridad" para la igualdad de trato como organismo responsable de su promoción.
La concreción del derecho a la igualdad de trato en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural la convierten en una norma esencial del derecho antidiscriminatorio que puede dar cobertura a todo tipo de discriminaciones, las existentes y las venideras. Para el acceso al empleo por cuenta ajena, se establece la prohibición de cualquier limitación, secregación o exclusión y extiende su aplicación a la negociación colectiva, al trabajo por cuenta propia y a las organizaciones sindicales y empresariales. Sin dejar atrás el respeto al derecho de igualdad de trato por parte de los medios de comunicación social.
El proyecto de ley, como es habitual, tendrá que ser mejorado en el trámite parlamentario. Mejoras que podrán atender tanto al lenguaje o a la técnica jurídica de transposición de las directivas comunitarias como hacia aquellos espacios donde algunos pudieran obervar sombras de inconstitucionalidad. Sin dejar aparte el debate y consideración de otras como las que afectan al uso y disfrute de los servicios educativos y las que garantizan la adopción de medidas y recursos necesarios para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, la incorporación al sistema educativo y las acciones de carácter compensatorio que eliminen las desigualdades en la educación. Como expresa su título preliminar, para que nadie pueda ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra circunstancia personal o social.
Deberes parlamentarios para un final esprintado de la novena legislatura.