Hemos decidido que nuestra ya veterana Constitución salga también en defensa de los intereses generales del país frente a la crisis; con toda la legitimidad que otorga nuestro sistema de democracia representativa. Una reforma constitucional con todas las letras, conforme ha previsto el título X de la carta magna, para recoger los principios de la estabilidad presupuestaria que ya veníamos practicando. ¿Era necesario constitucionalizarla? En circunstancias normales no lo hubiera sido, pero a la vista de lo ocurrido en las últimas semanas la reforma constitucional hasta puede resultar un mal menor. Los socialistas @conRubalcaba creemos que consagrar la estabilidad presupuestaria es una garantía para los ciudadanos.
A diferencia de los anteriores intrumentos manejados por el gobierno para combatir los efectos de la crisis, en esta ocasión lo hacemos con acuerdo del principal partido de la oposición. Pacto y polémica subsiguiente sobre cuestiones no resueltas a gusto de todos: ampliación de la base del acuerdo y posterior sometimiento a refenremdum. Se trata de la segunda reforma constitucional desde su aprobación en 1978. La anterior data de 1992 cuando introdujimos una modificación en el artículo 13.2 con el objeto de concordar su redactado a lo que estableción el Tratado de Maastricht del mismo año en relación al derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Con tener ambas reformas un carácter parcial y limitado, la modificación constitucional del artículo 135 que hemos acometido contiene elementos que han puesto en guardia a amplios sectores de nuestra sociedad en demanda de mayor claridad sobre el alcance de la misma. Y en demanda de mayor calidad democrática en su procedimiento. El debate está servido y ha relegado a un segundo plano el principal problema: las medidas para combatir las elevadas tasas de desempleo y sostener la protección a quienes salieron expulsados del mercado de trabajo. Esta reforma constitucional, de la que pretendemos beneficios para afrontar nuestra recuperación económica, es en realidad un remedio in extremis ante la grave situación que padecemos y una probable agudización de la crisis financiera en la zona euro: el fantasma de la recesión acecha. De aquí su urgencia. Y de esta emergencia, la decisión de los dos principales partidos políticos de abordarla por una vía extraordinaria y sin consulta popular. No es casual que el acuerdo se haya producido entre partidos políticos mayoritarios, los únicos que han tenido y tienen opciones reales de gobierno en España.
La reforma no ha roto ningún proceso constituyente, como afirma CIU, puesto que el de esta constitución ya tuvo lugar en su momento; ni es un golpe contra la carta magna, como dice Llamazares, puesto que no modifica su esencia. Pero sí que puede degradar la calidad democrática si ocurre que la urgencia, una vez más, devora lo importante. Y es que sucede en la vida ordinaria, en la acción diaria: las emergencias producen una y otra vez el mismo efecto sobre el orden de prioridades en la acción política. Y en esta ocasión tenemos un alto riesgo de que la emergencia nos conduzca al desestimiento de las tareas importantes. Y sabemos cuáles son; las hemos formulado en las resoluciones de último debate del Estado de la Nación. Y algunas tienen que ver con el clamor que ha circulado estos meses por plazas y calles españolas a partir de la movilización del 15M.
La inoportunidad de la celebración de un referéndum que avale la consagración constitucional de la estabilidad presupuestaria y su sustitución por el refrendo legítimo y democrático de los representantes en las Cortes es una decisión que debería venir acompañada de un compromiso pactado con calendario para abordar las también urgentes y a la vez importantes tareas de regeneración democrática, con ésta o con una nueva constitucion. Los ciudadanos entienden la urgencia pero necesitan sentir que lo importante no queda nuevamente relegado en el archivo de "pendientes". No podemos permitir que la crisis económica provoque una ruptura entre el sistema económico y el sistema social. Como apunta Alain Touraine, hay que proclamar sobre todo que la democracia, que transforma a los trabajadores en ciudadanos responsables, es la condición primera para la recuperación económica y social.
"Quiero ser respetado, no quiero ser humillado"... nuevamente por las urgencias.