domingo, 20 de septiembre de 2009

¿Más o menos derechos?

En la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
La reforma de la Ley de Extranjería, ha pasado el trámite de las enmiendas a la totalidad en el Congreso. Con ella, el Gobierno pretende crear un nuevo marco jurídico para el desarrollo de una política migratoria sostenible. Celestino Corbacho, ministro del ramo, ha reconocido la importancia del fenómeno "inmigratorio". En sólo diez años, de 800.000 residentes extranjeros a 4,5 millones. Se hace necesaria una nueva regulación que, de paso, incorpore las políticas de inmigración a la agenda europea como marco más adecuado para ofrecer soluciones globales. Por ello es por lo que este texto traspone una larga lista de Directivas europeas, desde la que regula la residencia de larga duración hasta la que trata la residencia de los investigadores, o el retorno de personas que se hallan en situación irregular.
Han surgido voces críticas con este proyecto de ley. Para algunos se produce una colisión entre el modelo migratorio liderado por la UE y la defensa de los derechos humanos. La coordinadora de ONGs observa aspectos graves en cuanto a retroceso en derechos como la negación del empadronamiento a los migrantes en situación irregular o los obstáculos al acceso a los servicios sociales y sanitarios básicos. Pero la realidad es bien distinta porque la norma cuya andadura se inicia ahora en la cámara baja incorpora a nuestro marco legislativo derechos fundamentales que fueron negados en la ley 4/2000. Recordamos que la reforma de la Ley de Extranjería abordada por el PP tras su victoria electoral por mayoría absoluta en marzo de 2000, negó a los inmigrantes irregulares derechos fundamentales que posteriormente el Tribunal Constitucional reconoció –derechos de asociación, reunión, manifestación, sindicación, huelga, educación y asistencia jurídica gratuita-.
Creo, por el contrario, que la actual reforma garantiza el ejercicio de esos derechos fundamentales. Y que lo hace además estableciendo un marco legal claro, que señala condiciones para la entrada, que apuesta por la regularidad y la integración, que pone en sintonía a las personas y a sus expectativas con la sociedad receptora o de acogida. Es cierto que el tema se presta a la demagogia fácil para quienes desean sembrar el miedo al diferente, al extraño. Ante quienes se atreven a culpabilizar a los inmigrantes de buena parte de los males de nuestra sociedad hay que hacer un esfuerzo para desmontar la mentira. Se trata de invalidar el discurso del conflicto como lo están realizando las organizaciones y movimientos contra la intolerancia. Podemos construir una buena convivencia y lograr la cohesión social sobre la base del respeto a la norma democrática. Y aún nos queda el trámite parlamentario, donde tendremos ocasión de mejorar el texto incorporando enmiendas de los grupos políticos y de todas aquellas organizaciones que desean hacer oir su voz.


De una Ley de Extranjería a una Ley de Inmigración.
Con esta reforma, el Gobierno pretende pasar de una Ley de extranjería a una Ley de inmigración; de un enfoque centrado en procesos administrativos a un enfoque integral que permita desarrollar una política migratoria sostenible e integradora.
Todo ello, en un marco normativo coherente con la legislación europea común y con la Constitución española, que ofrezca un escenario estable de seguridad jurídica.
Los objetivos que persigue esta reforma son:
1. Garantizar los derechos fundamentales que pertenecen a todas las personas por el hecho de serlo, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
2. Construir el acceso progresivo a otros derechos a partir de la residencia legal, y que se verán paulatinamente reforzados hasta alcanzar la residencia de larga duración.
3. Perfeccionar el sistema de inmigración legal y ordenada basado en las necesidades reales del mercado de trabajo.
4. Favorecer las oportunidades de integración de los inmigrantes dotando de medios suficientes a las Administraciones encargadas de desarrollar las políticas.
5. Aumentar la eficacia en la lucha contra la inmigración irregular, previniendo las llegadas de inmigración clandestina y agilizando las repatriaciones.
A estas razones de fondo se suman las necesarias adaptaciones de la ley a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la transposición de las diferentes Directivas europeas ya mencionadas.

Algunos cambios destacables.
La reforma aborda cambios en la reagrupación familiar como cauce legal de entrada, con el objetivo de potenciar la sostenibilidad del sistema. Las reformas se basan en priorizar la familia nuclear. Para ello: Se abre la reagrupación familiar a las parejas de hecho, exigiendo las garantías necesarias para probar la realidad de la relación. Hasta ahora, la pareja no se podía reagrupar
El cónyuge y los hijos menores reagrupados que tengan más de 16 años podrán acceder al mercado laboral desde su llegada a España sin necesidad de ningún otro trámite administrativo.
En la vigente ley, los menores reagrupados con edad laboral no podían trabajar.
Se mantiene la posibilidad de reagrupación de los padres y las madres, aunque se exige que el reagrupante disfrute de una residencia estable, de larga duración. Además, se establece como norma general que el ascendiente reagrupado tenga más de 65 años, aunque se tendrán en cuenta razones humanitarias para permitirla con una edad inferior.
El proyecto de ley incorpora la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la lucha contra la trata de de seres humanos. Asimismo, contempla una serie de mejoras en el ámbito de la lucha contra la inmigración irregular que persiguen profundizar en la prevención a través de la mejora de los controles fronterizos, aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación, de acuerdo con las Directivas europeas, y mejorar las garantías en las distintas situaciones. Entre ellas: La creación de un nuevo registro de entradas y salidas de los extranjeros en nuestro país, a efectos de control de su periodo de permanencia en España.
En los procedimientos de repatriación, se aumenta el período de internamiento de 40 a 60 días –
-muy lejos de los 18 meses que de forma excepcional permite la directiva europea- , pero se incorporan nuevas garantías a los mismos como : permitir la entrada de las ONG a los Centros de Internamiento, crear la figura del regreso voluntario, un periodo de entre 7 y 30 días para que se abandone voluntariamente España. Reducir a 5 años el periodo máximo de prohibición de entrada (la ley actual prevé 10 años), modulando ese periodo de acuerdo con las circunstancias de a persona repatriada. También se prevén nuevas infracciones como los matrimonios de conveniencia, o el falseamiento de los datos del padrón, con la finalidad de evitar el “sobreempadronamiento” de viviendas (los llamados “pisos patera”), y el tráfico entre particulares de falsos empadronamientos con el propósito de obtener los beneficios reales o futuros que puede otorgarles nuestro sistema.

miércoles, 9 de septiembre de 2009

Los brotes verdes de la Educación

España comienza a evolucionar favorablemente. Según los datos del último informe de la OCDE, "Panorama de la Educación 2009", ha comenzado a dar sus primeros resultados el esfuerzo inversor realizado por el Gobierno español. Todo ello cuando aún no hemos terminado de desarrollar las medidas de aplicación de la LOE, una ley con tan sólo tres años de vigencia.



El mismo día que debatíamos en la primera sesión plenaria del Congreso sobre una iniciativa del PP para reformar el sistema educativo español, se presentaban los datos del informe de la OCDE por la Secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia. El informe confirma que el sistema educativo español ha mejorado en la última década a un ritmo mucho más rápido que la media de países de la OCDE. Cada año la diferencia entre España y Europa se va reduciendo, y que esto indica que el mantenimiento de la tendencia acabará con el problema de retraso educativo histórico del que partíamos.Aunque queda mucho camino por andar para colocarnos al nivel del resto de países evaluados puesto que, según el estudio señalado, que toma en cuenta datos del curso 2006-2007 (primero de aplicación gradual de la LOE), uno de los puntos débiles del sistema español es que el porcentaje de jóvenes de entre 24 y 35 años que no tiene el título de Bachillerato o Formación Profesional (FP) asciende hasta el 35%, 15 puntos más que la media de la Unión Europea (UE) y 13 más que la de los países de la OCDE.
Estos datos han sido valorados también por los sindicatos mayoritarios de la enseñanza. Y así para la FETE-UGT resulta gratificante comprobar que los datos ofrecidos sobre Educación Infantil también presentan un destacable incremento en relación a años anteriores. Este año comenzará la primera etapa de infantil un 3,6% más de niños que el curso pasado. El sindicato reclama la implantación generalizada de este tramo con carácter educativo y gratuito mediante una oferta pública suficiente y, por otro lado, considera necesario abrir un espacio de reflexión en las enseñanzas postobligatorias a fin de mejorar los resultados académicos.
A pesar de los déficits preocupantes que recoge el informe de la OCDE, los datos de tendencia nos dicen que también en educación comenzamos a visualizar los primeros brotes verdes.



La actual Ley Orgánica de Educación-LOE- fijó un calendario de aplicación de cinco años a partir de la entrada en vigor de la norma, por lo que el curso que comienza en estos días es el cuarto de implantación. En el recuerdo las imágenes de los informativos del año de su aprobación: "El Congreso aprueba la LOE". Completamos ahora su implantación en Primaria, con 5º y 6º, y en Bachillerato con el 2º curso y la aplicación de la prueba de acceso a la Universidad. Junto a ello continua el desarrollo del Plan Educa3 (escolarización entre 0 y 3 años) que se extiende durante el periodo 2008-2012 y que contempla diversas medidas de calidad y equidad recogidas en la LOE. La novedad más importante para este curso en Primaria es que se añadirá el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos como asignatura independiente y obligatoria en 5º 0 6º. Los estamentos (como en el Antiguo Régimen) más conservadores de España han perdido la guerra absurda que desataron contra esta materia, con la ayuda del Partido Popular, pero han generado un daño importante en una parte significativa de nuestra sociedad que ha creido en los fantasmas de la caverna. Los mismos fantasmas que esgrimieron ayer en la tribuna del Congreso de los Diputados cuando hablaron de manera indocumentada de los 25 años de educación socialista y de las siete plagas. ¿Tanto trabajo cuesta entender las dificultades que hemos debido superar para empezar a salir del atraso histórico en el que aún nos hallamos en algunos aspectos?

martes, 1 de septiembre de 2009

No sólo la exclusión social erosiona el Estado del Bienestar


No son nuevas las tesis de los que cuestionan las bases del Estado del Bienestar, esto es, la intervención del Estado en la economía para garantizar los derechos y las necesidades básicas de los ciudadanos. Los postulados neoconservadores , nacidos a finales de la década de los setenta, no lograron desmantelar sus bases (no será porque no lo han intentado) pero sí han conseguido instalar en nuestra sociedad incertidumbres sobre la pertinencia y eficacia de las políticas sociales y de las consiguientes políticas fiscales necesarias para su mantenimiento.
Siguen en sus trece y hasta hemos escuchado a un líder de la derecha andaluza decir este verano que la subida de impuestos a las rentas más altas generará más pobreza. Se observa a simple vista que siguen siendo defensores a ultranza de políticas dirigidas a adelgazar el Estado del Bienestar. Sin remedio. Es otra de las notas características que diferencia a los conservadores españoles de los del resto de la UE.
Con este panorama tiene mérito la posición defendida por el Gobierno de España que, al contrario de la imagen de vaivenes continuos con que muchos lo dibujan en sus actuaciones, se mantiene firme en los compromisos contraídos respecto a la política social, y ello a pesar de la línea de austeridad presupuestaria para abordar la actual crisis económica, sin reducir ni congelar el conjunto del gasto social ni el gasto productivo. Parece que a muchos les agradaría otra cosa e incluso se frotan las manos estos días cuando se debate en torno a la ampliación de la cobertura de los 420 euros par quienes agotaron la prestación o se anuncia una revisión de algunas formas impositivas. Piensan que el caos y las tensiones se apoderarán pronto del escenario político. No encuentran otra forma de obtener la confianza de los ciudadanos que generando un clima de crispación y desesperanza colectiva. Van más allá, y con ayuda de los sectores mediáticos próximos intentan convertir lo que en esencia es una medida de gran calado social para hacer frente al desempleo, entre quienes están en peores circunstancias, en una supuesta injusticia por el hecho de que se otorgue a partir de una fecha u otra. Tanto si se otorga a partir del 1 de agosto, como si se hace desde el 1 de junio o desde el 1 de enero, el sistema seguirá sin poder atender a ese cerca del millón de desempleados que no tienen derecho a prestación alguna. Todo por la sencilla razón de que nuestro sistema de protección al desempleo es contributivo y no pueden acceder a él quienes no han contribuido al sostenimiento del mismo.
En ese punto estamos, en el de que la duración y profundidad de esta crisis pueda hacer crecer de forma considerable el número de personas en situación de riesgo de exclusión social. Y en el de un país que tendría que desarrollar una política de rentas de inserción social o rentas mínimas de forma coordinada y solidaria entre todas las Comunidades Autónomas que son en estos momentos las competentes en la materia. Pero ésta es harina de otro costal.
Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados se trabaja ya para alcanzar los acuerdos necesarios que permitan convalidar el Real Decreto para la extensión de la cobertura del desempleo. El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, es contundente cuando afirma que hay “margen de maniobra para extender en el tiempo” la prestación de las ayudas de los 420 euros a parados que hayan agotado su derecho a prestación por desempleo, de manera que cubra "la mayor cantidad posible" de personas que lo necesiten. Nuevamente el diálogo y la negociación servirán a todos para aislar a España de los efectos indeseados de esta crisis.