miércoles, 28 de abril de 2010

El "lastre político" del pacto educativo

Abril acaba entre la certeza de la inviabilidad de un acuerdo de todas las partes en el pacto económico de Zurbano -por no sé qué problema de una foto con el Gobierno- y la incertidumbre de un pacto educativo que muchos deseamos y casi todos necesitamos. Y es por este mismo imperativo de necesidad -nueva categoría gramatical- por el que anhelamos una respuesta política que esté a la altura de las circunstancias. El ministro de Educación dice que "el pacto es determinante para abordar con celeridad y consenso las reformas que requiere la educación española, y muy necesario porque sin él las medidas tendrán menor alcance". Cabe añadir que muchas de esas reformas ya están en marcha, que son desarrollos de otros pactos legislativos y que existen además nuevas propuestas de interés, fruto del diálogo mantenido con todas las partes, que necesitarán del mejor paraguas del pacto para su rápida implementación en el cuerpo normativo que rige nuestro sistema. A estas alturas del debate se han allanado bastantes caminos. Sin quebrar la prudencia de los actores protagonistas de la negociación, hoy podemos afirmar que hemos conseguido ir más lejos aún de los puntos de encuentro que alcanzamos en 2005 con los diferentes sectores de la comunidad educativa, en pleno debate de la LOE. Lejos de desmerecer los logros obtenidos por los esfuerzos negociadores de quien entonces era portavoz del grupo parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, la situación actual presenta un abanico más amplio y mejor engrasado para un recorrido distinto pero igualmente útil a la demanda social de pacto. Es una noticia estupenda que puede convertirse en un éxito de todos; una esperanza colectiva que puede devolvernos la confianza en el valor de la política como herramienta imprescindible para el progreso social. Y la negación de ese aserto convertido en titular de prensa que observa a la política y a los políticos como un lastre. ¿Es así como nos ve ahora la ciudadanía?
Es difícil aceptarlo pero existen "indicios" claros de que la cosa apunta por ahí. Esta semana, un diario "de Madrid" con edición provincial titulaba de este modo la elección de un candidato a la alcaldía de los próximos comicios: "El PP opta por un notario sin lastre político para quitar al PSOE la plaza de Estepona". De lo que podemos deducir que la experiencia política es un demérito o que la política es un artefacto antiguo e inservible para resolver los problemas de la sociedad moderna. O lo peor, que cuando se refieren al lastre político quieran referirse a una posible sinonimia entre política y corrupción. Qué lejos de la visión aristotélica del asunto donde el buen funcionamiento de una ciudad-estado no se asegura solamente por el simple hecho de aunar voluntades hacia un mismo fin, sino requiere también de leyes sensatas que respeten las diferencias y eduquen a los ciudadanos para la responsabilidad civil dentro de la libertad. Leyes que, en Democracia, han de elaborar y desarrollar los representantes políticos. A este paso, el final de este episodio de construcción del pacto educativo contemplará un escenario de éxito que será el de toda la sociedad española, frente a otro de frustración de las expectativas donde "los políticos" habrán sido el lastre que ha impedido alcanzarlo. Mantenemos la confianza justa, pero si fuera malogrado este nuevo intento habrá que explicar con mucha claridad que la política no ha lastrado la consecución del pacto. Habrá sido, en todo caso, la ausencia de la misma.

martes, 13 de abril de 2010

Los ayuntamientos pueden ofrecer acceso a Internet


WIFI-BIZNAGA.El caso de la ciudad de Málaga.

Una puerta se abre y otra se cierra. Se abre la puerta a la prestación del servicio de internet por las administraciones públicas de forma regulada y en determinadas condiciones. Se cierra la que vulnera el régimen de libre competencia y la del "yo hago con mi capa un sayo". Así podríamos resumir la situación actual después de conocer en el día de ayer la propuesta de regulación que ha elaborado la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (C.M.T.) Es un paso importante, porque clarifica la posición del regulador respecto a un tema tan recurrente como el del "wifi gratis". El caso de la red Wifi-Biznaga (que toma su nombre de ese bello ramillete de jazmines en forma de bola tan popular en Málaga) nos puede ilustrar sobre la cuestión. Hace más de dos años, el Ayuntamiento de Málaga comenzó a desarrollar una red pública de comunicaciones electrónicas basada en la utilización del dominio público radioeléctrico a través de frecuencias de uso común (rlan-wifi). El ayuntamiento se constituyó por su cuenta en prestador del servicio de comunicaciones de “proveedor de acceso a Internet” sin haber realizado la correspondiente notificación al organismo regulador según establece nuestra legislación. Podríamos estar, sin más, ante una actuación infractora que el Consejo de la CMT ha decidido sancionar con 300.000 € por no haberse inscrito en el registro de operadores de la Comisión, a pesar de estar ofreciendo servicios de acceso a Internet en 40 puntos de la ciudad. Pero, ¿hay algo más que un procedimiento sancionador ordinario?
Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 32/2003 (LGTel), las telecomunicaciones se consideran servicio de interés general que se prestan en régimen de libre competencia, con excepción de los servicios que deba prestar el Estado en exclusiva cuando así lo justifiquen motivos de seguridad nacional y del servicio universal. Como consecuencia de esta especial naturaleza de los servicios de telecomunicaciones, los Ayuntamientos no pueden convocar concursos públicos que tengan por finalidad formalizar contratos administrativos cuyo objeto sea explotar redes o prestar determinados servicios de comunicaciones electrónicas como si fuesen servicios públicos. En ningún caso les está permitido a las Administraciones Públicas distorsionar la competencia puesto que la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y la explotación de redes son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia. Es así que cuando un ayuntamiento procede a la instalación de redes y desea prestar servicio directo de Internet a los ciudadanos está obligado a constituirse en operador y darse de alta en el Registro correspondiente. Como principio general, la explotación de redes y la prestación de Internet a través de wifi a los ciudadanos por un ayuntamiento u otra administración pública, están consideradas como actividades que son objeto de inscripción en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas que lleva la
C.M.T. El diario La Opinión de Málaga publica hoy estos mismos argumentos.
Los mismo argumentos que comunicó la CMT al Ayuntamiento de Málaga mediante una Resolución que daba respuesta a la consulta formulada por este Consistorio y en la que se establecía nítidamente la necesidad de constituirse en operador para la prestación del servicio de acceso a Internet, así como sobre la posible gratuidad del servicio. El gobierno del Sr. De la Torre hizo caso omiso de esas indicaciones y decidió seguir adelante ignorando las restricciones legales, en una actitud que cualquier observador puede situar a medio camino entre el desacato institucional y la incompetencia administrativa. Ha ignorado este ayuntamiento que la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las administraciones públicas constituye una actividad liberalizada (no un servicio de titularidad pública), en una ley aprobada durante el segundo mandato del expresidente Aznar, fundamentada en el artículo 149 de nuestra Constitución y acorde con el nuevo marco armonizado de libre competencia en la Comunidad Europea.
Como era de esperar, la apertura del expediente sancionador al Ayuntamiento de Málaga por la CMT ha sido contestada por la cofradía del victimismo que encabeza el señor alcalde de la ciudad con manidos argumentos de escasa consistencia, como los expresados por el presidente del selecto club “Málaga Valley” o los del concejal de nuevas tecnologías que ve en esta sanción razones parciales y tendenciosas “de índole política”. Son reacciones que no merecen más comentario que su contraposición con opiniones de personas tan autorizadas como, por ejemplo, el presidente de Asimelec (Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología de la Comunicación) cuando en el último encuentro de Centros de Conocimiento celebrado en Cornellá concluyó que el proyecto de Internet por wifi del Ayuntamiento de Málaga se montó con “la advertencia de los empresarios malagueños de que no era sostenible”.
¿Desconocen los responsables del proyecto Wifi-Biznaga que hay ciudades españolas que han hecho bien sus tareas? A diferencia de lo ocurrido en Málaga, hay ciudades que han apostado por encontrar modelos que permiten ofrecer servicios de wifi de forma gratuita, más allá de la autoprestación, como es el caso de Barcelona o el de Avilés que lo ha basado en patrocinios que financian la red. En ambos proyectos, sus ayuntamientos han comunicado a la CMT que querían ofrecer el servicio y se han inscrito en el preceptivo Registro de operadores.
Entendemos que no debe existir conflicto entre las acciones que los poderes públicos promuevan para garantizar los derechos ciudadanos y el cumplimiento de las reglas del juego que marcan las directivas europeas y la legislación vigente del Estado Español, garantizando la competencia del mercado en igualdad. Las administraciones públicas pueden intervenir para garantizar tales derechos mediante su constitución como una operadora más que participa en el espectro radioeléctrico con las mismas normas reguladoras que cualquier ente privado de modo que garantiza el derecho de acceso a sus ciudadanos y no interfiere en el mercado en una posición de privilegio.

jueves, 8 de abril de 2010

Gobierno abierto

La Sociedad de la Información y la Comunicación plantea nuevos retos a las administraciones públicas en el modo de gestión y en sus relaciones con los ciudadanos. La utilización generalizada de la herramientas que nos aportan las TIC está empoderando a la ciudadanía, dándole una mayor capacidad de interlocución con los diversos agentes sociales y con la propia Administración.
Observamos cómo la introducción de las webs 2.0 ha facilitado una mayor y más continuada participación ciudadana, de una forma ordenada, transparente y responsable, permitiendo un dialogo permanente entre los usuarios de este tipo de plataformas y generando nuevas dinámicas de interacción en el tejido social. Muchas han sido las iniciativas que se han desarrollado desde los ayuntamientos, las diputaciones o los gobiernos autonómicos par el impulso de una mayor participación en la toma de decisiones. Entre todas ellas, merece especial atención la plataforma gobierno abierto puesta en marcha por el lehendakari Patxi López y que se denomina "Irekia". El objetivo común es conducir a una cultura de corresponsabilidad en la gestión de nuestra realidad cotidiana, en la que se establezcan vínculos más ágiles y permeables entre ciudadanía y administración, aportando soluciones rápidas y consensuadas que permitan a la instituciones una gobernanza enfocada a la mayor satisfacción posible de los requerimientos sociales, sin la distancia que marcan los periodos electorales.Horizontalidad, transparencia, participación e innovación son algunos de sus caractéres.
Pero si Irekia es una realidad emergente que nos llena de esperanza, existen además otras iniciativas que con desigual fortuna se van abriendo paso en el mapa de las buenas prácticas del gobierno abierto o e-government. En Andalucía contamos con una iniciativa de la Junta que ha sido reconocida a nivel europeo, en 2009 como finalista en los premios E-Government. Se llama "Participa en Andalucía" y surge hace cinco años con la intención de favorecer la cercanía de los responsables políticos de nuestros municipios hacia la realidad de los vecinos y vecinas y sus necesidades; para favorecer una mejor y más democrática “gobernanza” y la consecución de una sociedad civil corresponsable y participativa. A día de hoy son casi 300 los ayuntamientos andaluces adheridos a esta iniciativa de e-democracia promovida por la Junta de Andalucía, la cuarta parte de la población andaluza que cuenta con herramientas que facilitan la particicipación ciudadana en la gestión de propuestas y votaciones. Además la plataforma incluye la integración con redes sociales, como Facebook, Twitter y Guadalinfo.
"Participa en Andalucía" requiere la participación de la ciudadanía pero también de los políticos. Cuenta con una red de coordinadores y dinamizadores locales en cada provincia cuya misión es mantener una interlocución constante entre los ayuntamientos, coordinar y difundir el portal entre sus vecinos. Se trata de un canal directo de comunicación entre los habitantes de los municipios y sus gobernantes, que pretende cambiar el modo en que se hace política en Andalucía, fomentando la conversación y la inmediatez que facilita Internet.
Nos gustaría que este tipo de experiencias fueran promocionadas y generalizadas desde los diferentes ámbitos de la responsabilidad política, desterrando las resistencias y recelos que áun provocan. Cuando ganan los valores de la democracia, ganan los ciudadanos y todos nos beneficiamos.