Los peajes de la derecha española

Cartel exhibido en una calle de Roma

Llevamos unas semanas inmersos en debates anacrónicos. Al debate del aborto, que creíamos ya superado, ahora han unido el de la libertad religiosa. Y ocurre en la misma semana en que hemos celebrado el trigésimo primer aniversario de nuestra Constitución. Pensábamos que el Partido Popular ya había completado su repertorio de bestias apocalípticas con las que agitar el miedo en la sociedad. Miedo a la diversidad afectivo-sexual y negación del derecho a la igualdad de los diferentes -gays, lesbianas, bisexuales y transexuales-; miedo a los extranjeros y sus críticas furibundas a las políticas de integración de los inmigrantes; miedo hipócrita a afrontar los problemas derivados de una deficiente o inexistente eduación sexual y su consiguiente negación a una regulación del aborto de la manera que lo hacen los países de nuestro entorno.

Pues nos equivocamos. La derecha española, con Rajoy en el altar mayor, despierta ahora la cuarta bestia del apocalipsis: el miedo a la libertad de conciencia que implica la libertad religiosa y el respeto a quienes practican otros credos, o no practican ninguno. Y la han revestido de cruzada religiosa contra el laicismo, ese que precisamente reconoce la propia Constitución Española. Algo grave está sucediendo para que el Partido Popular, constitucional y democrático, esté cuestionando en muchas ocasiones a la propia Carta Magna. ¿Que está ocurriendo?

El Partido Popular decidió introducir en la agenda política una nueva cruzada: la de los crucifijos; de la misma manera que tomó decisiones semejantes frente al reconocimiento del matrimonio homosexual, los mensajes xenófobos respecto a la política de inmigraciòn del Gobierno y la alianza con el ideario de la extrema derecha española en relación al aborto.

Existen grandes paralelismos con lo que está pasando en algunos países de nuestra querida Europa: Holanda, Austria, Italia, por ejemplo. Debe preocuparnos, como ciudadanos en democracia, esta alianza con los sectores más conservadores de nuestra sociedad, con las posturas más intransgentes de la jerarquía de la Iglesia Católica y con los grupos ultra que ven una oportunidad de sacar la cabeza como oposición a las políticas del Gobierno de Zapatero. Me refiero a esos centenares de grupúsculos inscritos en el registro de asociaciones políticas de los que algunos concurren a las elecciones generales y europeas. Grupos neonazis, neofascistas, neofranquistas y ultracatólicos que tienen presencia en la Red y que ahora mismo se están retroalimentando con esta forma envenenada de hacer política sin escrùpulos.

Creo que la mayoría de los electores que apoyaron al Partido Popular no se identifican con esta deriva en la que se ve arrastrado el principal partido de la oposición en España. A los peajes que paga la derecha hay que sumar uno nuevo: el de la intolerancia disfrazada de defensa de las esencias tradicionales y su consiguiente contribución a los discursos del miedo. Sólo una última reflexión sin ánimo de extrapolación histórica: el miedo y la inseguridad derivadas de la crisis del 29 fueron un excelente caldo de cultivo para el ascenso de las ideologías totalitarias en Europa.

El amor merece respeto

La homofobia merece la condena social.

El 17 de mayo hemos celebrado el Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Una conmemoración que fue objeto de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados hace dos semanas instando al Gobierno a la declaración de este día como tal y al impulso de su reconocimiento internacional a través de la ONU, sumándose a la consideración de esta fecha como símbolo de la lucha por la igualdad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. El manifiesto de la FELGTB inscribe la importancia de esta celebración dentro del año 2009, como año de la diversidad afectivo-sexual, esa que se les ha atragantado a algunos en forma de asignatura de "Educación para la ciudadanía" y que recoge nuestra Ley Orgánica de Educación que aprobamos la pasada legislatura. Del mismo modo, también en la pasada legislatura, presenté en nombre de mi grupo a la Comisión de Educación una iniciativa que instaba al Gobierno a impulsar, en primer lugar, medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo de la diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferencias que permita superar los comportamientos sexistas. Y, en segundo término, a fomentar y orientar actuaciones en los Centros educativos para fortalecer las capacidades afectivas del alumnado y el rechazo a toda forma de violencia y a los prejuicios que alimentan las actitudes homofóbicas. Fue aprobada a pesar del voto en contra de la derecha que argumentaba una fantasmal hoja de ruta de un tal "loby rosa", amén de un rosario de barbaridades del más puro estilo neocons. Les remito al diario de sesiones del 29 de mayo de 2006.


La aceptación de la homosexualidad en España, su visibilidad y el respeto a esta orientación sexual han crecido de manera evidente. Se trata de una consecuencia directa de la perseverante actuación reivindicativa de los diferentes colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, que han contado con el apoyo explícito de los medios de comunicación y de las organizaciones en defensa de los derechos humanos. En sintonía con esta realidad, el Gobierno impulsó un proceso de ampliación de los derechos de ciudadanía a través de la reforma del Código Civil para la extensión del derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo. El texto legal fue definitivamente aprobado por el Congreso y la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio, ha significado un paso muy importante en la lucha contra la discriminación legal por orientación sexual y en favor de la normalización.
Pero la igualdad legal no es suficiente. Del mismo modo que la igualdad reconocida en las leyes no ha sido suficiente para acabar con la discriminación de las mujeres, la igualdad legal de las personas homosexuales y transexuales no garantiza la eliminación de las actitudes homofóbicas y transfóbicas, esas actitudes y comportamientos que se caracterizan por su aversión obsesiva hacia las personas cuya orientación sexual no se ajusta al patrón mayoritario.
Nadie podrá negar que la homofobia persiste y particularmente en los centros escolares y que sigue vivos numerosos prejuicios sobre la sexualidad en general y sobre la homosexualidad y transexualidad de forma específica. Las agresiones, los insultos, la burla, la humillación, las injurias que padecen muchos jóvenes y muchas jóvenes por su orientación sexual se alimentan de prejuicios que necesitamos desterrar. El mejor instrumento es el de la formación y la mejor etapa para aplicarlo se encuentra en la infancia y la juventud donde tienen lugar el aprendizaje de los roles de género.
El compromiso con los principios de igualdad de trato de las personas y de lucha contra las discriminaciones basadas en la orientación sexual está, por tanto, plenamente asumido por el Gobierno. ¿Lo está también por toda la sociedad? Ahora toca un nuevo paso hacia adelante: la anunciada Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación llegará a la Cámara en pocos meses y abre un nuevo horizonte de esperanza para dotar a todas nuestros principios legales de herramientas jurídicas que sancionen y persigan a quienes atentan contra la dignidad de las personas discriminándolas. La ley luchará contra la discriminación por motivos raciales o étnicos, discapacidad, edad y orientación e identidad sexual. Y atenderá, por un lado, a la prevención y, por otro, a la puesta en marcha de políticas activas para perseguir las conductas discriminatorias, con la posible creación de la figura del fiscal especializado contra la discriminación.