Ángeles "Sindesmayo"

Nunca imaginó que terminaría por rebautizar, con su apellido, a la Ley de Economía Sostenible. Sólo tenía claro que era necesario hacer algo para regular el uso y disfrute de la propiedad intelectual en la red. Su actitud valiente le ha generado una avalancha de críticas y descalificaciones. "Sinderechos","sindescargas", "sindemocracia", etc., son algunos de los ocurrentes compuestos léxicos que han circulado en la reciente campaña de numerosos internautas contrarios a la regulación propuesta. No le hacen justicia..., ni a la ley ni a la persona. La ministra "Sindesmayo" sabe a dónde va.

Sin perder el ánimo, ni el valor, ni las fuerzas, Ángeles González Sinde, ministra de Cultura del Gobierno de España, sigue adelante: "confío en que habrá una norma equilibrada para la protección de los contenidos digitales". Al encuentro de ese espacio, lejos del "salvaje oeste" donde es posible el encuentro entre productores y usuarios, iniciamos el año del mismo modo en que lo acabamos. Vuelve el debate político sobre las webs de descarga no autorizada.. Tras el rechazo a la disposición final segunda de la LES -ley Sinde- en el Congreso el pasado día 21 de diciembre, será el Senado la cámara donde deberemos fraguar los acuerdos necesarios para alcanzar un marco legal que permita resolver de manera razonable los conflictos de convivencia en la Red. La LES llega al Senado esta semana y ya se han movilizado las plataformas contrarias volviendo a esgrimir los mismos argumentos conocidos, sin saber aún cuáles serán las modificaciones que el Gobierno está dispuesto a introducir.

"Escribe a tu senador para frenar la posible censura en Internet" y la presentación de un escrito en las puertas de la cámara alta, es parte de la movilización que impulsan asociaciones de internautas y algunas empresas del sector tecnológico. Solicitan que se mantenga la posición de rechazo aprobada en el Congreso sobre la base argumental de una hipotética defensa de la libertad digital. Nuevamente hay que decir que es falso; que los principios de libertad e igualdad no están en juego por esta regulación. Que el objetivo de la misma es la retirada de los contenidos digitales ofrecidos sin autorización de sus autores -propiedad intelectual-;que no se utilizará contra usuarios finales de Internet y que sólo podrá hacerse con autorización judicial para garantizar la libertad de expresión y de información.

La propuesta no es lo que se dice que es. No es un procedimiento sancionador, ni establece multas. No tiene nada que ver con la copia privada ni con el canon. Y no es una herramienta para fiscalizar a los ciudadanos porque en ninguna parte se establece la vigilancia de las comunicaciones personales de nadie. Por lo tanto, no es un procedimiento de censura salvo en los caso de contenidos ilegales como la pornografía infantil; y no atenta contra la libertad de expresión. Como señala Rosario Valpuesta, se ha extendido una versión postmoderna de la democracia que confunde a ésta con desregulación y anarquismo de vieja escuela: "haz lo que te apetezca". Olvidamos que la democratización de la cultura tiene mucho que ver con el fortalecimiento de los poderes públicos y que ha sido esta misma fortaleza del Estado frente a los poderes económicos la que ha permitido alcanzar mayores cotas de igualdad y libertad. En el debate que se reinicia tras la pausa navideña no podemos perder de vista la defensa del interés general. Y el interés de todos pasa también por la legítima defensa de la propiedad intelectual.

Porque impulsa la innovación

Software libre también en los ayuntamientos.

Ramón Ramón, apóstol del software libre donde los haya, ha recogido en su dinámico blog la noticia de que el PSOE malagueño presentará mociones en los ayuntamientos de la provincia proponiendo el fomento del uso del software libre, a la vez que se hacía eco de la extrañeza o sorpresa expresada por algunos de sus seguidores de que "aún se hable de software libre en las filas socialistas" con la que está cayendo...
Y la que cae no es otra que la tormenta sobre la intención del Gobierno de defender derechos de la propiedad intelectual en las descargas de internet. Es de agradecer siempre, y mucho más en esta coyuntura, la existencia de voces que sin renunciar a sus principios son capaces de arrojar luz sobre materias que son objeto de controversia y en las que, por desgracia, existe un elevado riesgo de contaminación por debates de otra naturaleza.
Comoquiera que sea, estamos asistiendo a un debate interesante ante el que no hay que tener ningún temor por llamar cada cosa por su nombre. Al final, con ley o sin ella, tendremos que ponernos de acuerdo necesariamente.
En este clima, hemos puesto en marcha una campaña para fomentar el uso del software libre por las administraciones locales. Tenemos argumentos sobrados para apoyar nuestra propuesta. El software libre abre múltiples oportunidades como herramienta de generación de conocimiento y de innovación no sólo para el sector privado. Las administraciones públicas tienen en el software libre un gran aliado. La promoción de este tipo de tecnologías para atender las necesidades y los retos a los que actualmente se enfrenta la sociedad española es garantía de un desarrollo sostenible y solidario de la sociedad. Y, por si fuera poco, el software libre favorece el cumplimiento de las leyes de la propiedad intelectual: cuanto más se extienda su uso menos frecuentes serán los usos fraudulentos o ilegales del software privativo.

Las oportunidades que ofrece el software libre a través de las llamadas suites ofimáticas de gran rendimiento como es OpenOffice (refrendado por el Parlamento Europeo), navegadores como Firefox, etc, han demostrado que pueden poner en jaque a monopolios con la simple lógica del desarrollo colaborativo, la flexibilidad y la adaptabilidad. Estas características son las que nos llevan a afirmar que sea preferible la implantación del software libre en todas las administraciones. La dinámica de interacción de las instituciones públicas con los ciudadanos debe ser más flexible, así como sus herramientas, y esto sólo lo conseguiremos con software y estándares libres, con la apuesta por el desarrollo de la I+D+i de nuestras empresas y programadores, de un alto nivel y reconocimiento internacional. De este modo no sólo se reduce el coste en mantenimiento y licencias de uso que requiere un software privativo sino que fortalecemos las industrias tecnológicas e innovadoras, y se pueden desarrollar herramientas específicas que faciliten el diálogo Ciudadanía-Administración.
La apuesta por el software libre no es más que la apuesta y la confianza por los talentos que producen nuestras universidades, por hacer un tejido empresarial más dinámico e interconectado con las necesidades de las administraciones y la ciudadanía, en definitiva debemos apostar por ser “prosumidores tecnológicos” –consumidores que personalizan los productos- aprovechando las oportunidad de negocio que se genere para nuestro modelo productivo, nuestra industria de I+D+i y para nuestra ciudadanía.
En Málaga queremos dar un impulso a la utilización de software libre en el ámbito de las administraciones locales; los socialistas queremos que los gobiernos locales de la provincia, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, impulsen iniciativas de I+D+i que incidan en el desarrollo de la industria del software libre con especial atención al tejido empresarial local y aprovechando para ello las posibilidades que ofrecen las universidades y centros tecnológicos.
Apostar por el software libre significa construir las mejores bases para el despliegue de la sociedad de la información. Si a ello le unimos la reducción de los costes informáticos, el fomento del tejido industrial local y la transparencia en la gestión pública, podemos concluir que la apuesta por el software libre es una excelente oportunidad para alcanzar los objetivos de sostenibilidad económica ensanchando las libertades y la participación democrática.