Ángeles "Sindesmayo"

Nunca imaginó que terminaría por rebautizar, con su apellido, a la Ley de Economía Sostenible. Sólo tenía claro que era necesario hacer algo para regular el uso y disfrute de la propiedad intelectual en la red. Su actitud valiente le ha generado una avalancha de críticas y descalificaciones. "Sinderechos","sindescargas", "sindemocracia", etc., son algunos de los ocurrentes compuestos léxicos que han circulado en la reciente campaña de numerosos internautas contrarios a la regulación propuesta. No le hacen justicia..., ni a la ley ni a la persona. La ministra "Sindesmayo" sabe a dónde va.

Sin perder el ánimo, ni el valor, ni las fuerzas, Ángeles González Sinde, ministra de Cultura del Gobierno de España, sigue adelante: "confío en que habrá una norma equilibrada para la protección de los contenidos digitales". Al encuentro de ese espacio, lejos del "salvaje oeste" donde es posible el encuentro entre productores y usuarios, iniciamos el año del mismo modo en que lo acabamos. Vuelve el debate político sobre las webs de descarga no autorizada.. Tras el rechazo a la disposición final segunda de la LES -ley Sinde- en el Congreso el pasado día 21 de diciembre, será el Senado la cámara donde deberemos fraguar los acuerdos necesarios para alcanzar un marco legal que permita resolver de manera razonable los conflictos de convivencia en la Red. La LES llega al Senado esta semana y ya se han movilizado las plataformas contrarias volviendo a esgrimir los mismos argumentos conocidos, sin saber aún cuáles serán las modificaciones que el Gobierno está dispuesto a introducir.

"Escribe a tu senador para frenar la posible censura en Internet" y la presentación de un escrito en las puertas de la cámara alta, es parte de la movilización que impulsan asociaciones de internautas y algunas empresas del sector tecnológico. Solicitan que se mantenga la posición de rechazo aprobada en el Congreso sobre la base argumental de una hipotética defensa de la libertad digital. Nuevamente hay que decir que es falso; que los principios de libertad e igualdad no están en juego por esta regulación. Que el objetivo de la misma es la retirada de los contenidos digitales ofrecidos sin autorización de sus autores -propiedad intelectual-;que no se utilizará contra usuarios finales de Internet y que sólo podrá hacerse con autorización judicial para garantizar la libertad de expresión y de información.

La propuesta no es lo que se dice que es. No es un procedimiento sancionador, ni establece multas. No tiene nada que ver con la copia privada ni con el canon. Y no es una herramienta para fiscalizar a los ciudadanos porque en ninguna parte se establece la vigilancia de las comunicaciones personales de nadie. Por lo tanto, no es un procedimiento de censura salvo en los caso de contenidos ilegales como la pornografía infantil; y no atenta contra la libertad de expresión. Como señala Rosario Valpuesta, se ha extendido una versión postmoderna de la democracia que confunde a ésta con desregulación y anarquismo de vieja escuela: "haz lo que te apetezca". Olvidamos que la democratización de la cultura tiene mucho que ver con el fortalecimiento de los poderes públicos y que ha sido esta misma fortaleza del Estado frente a los poderes económicos la que ha permitido alcanzar mayores cotas de igualdad y libertad. En el debate que se reinicia tras la pausa navideña no podemos perder de vista la defensa del interés general. Y el interés de todos pasa también por la legítima defensa de la propiedad intelectual.