¿Quién defiende la pensiones?

Tiene lugar en las calles de Madrid la primera de las manifestaciones que han convocado UGT y CC.OO contra el retraso en la edad de jubilación, los recortes en la protección social y la defensa de las pensiones en España. Tienen motivos las organizaciones de los trabajadores para manifestar su rechazo a cualquier intento de imponer medidas que afectan al estado de bienestar social. Todavía está fresca en nuestra memoria la intentona de la derecha de Aznar del año 2002 y la posterior huelga general. No es un asunto menor, sino que, ahora más que nunca, requiere de una gran dosis de diálogo y un debate en el marco de los instrumentos con los que nos hemos dotado: la Comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo. Ahí estamos y ahí es donde el Gobierno ha orientado su propuesta de reforma de las pensiones por las razones demográficas y de sostenibilidad que son de todos conocidas. El objetivo es llegar a un amplio acuerdo con todos, un acuerdo que tiene poco que ver con las reformas en la regulación de las relaciones laborales, con la excepción de que ambas reformas tienen su espacio en la agenda de la Mesa de Diálogo Social. Mesa donde se alcanzó ya una posición definida en torno a la prórroga de la jubilación con carácter voluntario, no ya hasta los 67 años sino a los 69. ¿Por qué hemos relegado a un segundo plano la potencialidad de esta medida acordada? ¿No será mejor acabar de desarrollar los temas pendientes del Acuerdo de Pensiones de 2006 antes de iniciar un nuevo proceso de negociación para la reforma de las pensiones? Tendremos que medir el alcance de este debate ante las amenazas de quiebra del consenso político y social que hasta ahora ha dirigido la estabilidad de nuestro sistema de pensiones.
CC.OO. y U.G.T. manifiestan su más absoluto rechazo a abordar la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante medidas de recorte de la protección social. Están en su deber. Pero también conviene analizar con objetividad cuál ha sido el comportamiento de este Gobierno en esta materia. A poco que echemos la vista atrás deberemos convenir que éste ha sido el Gobierno que más ha aumentado la protección social en España y que más está subiendo las pensiones. El que más ha subido las pensiones mínimas, hasta un 32% en sólo 6 años, incluso con la crisis económica. El que ha destinado mayores partidas presupuestarias al mantenimiento y mejora de las políticas sociales existentes y el que ha creado nuevas prestaciones sociales: las prestaciones sociales de la dependencia han llegado ya a 500.000 personas; el permiso de paternidad, la ayuda de 1.500 euros por nacimiento de hijo, la renta básica de emancipación y la ayuda de 420€ a los desempleados. Estos son los avales que tiene este Gobierno a la hora de plantear un debate riguroso sobre el futuro del sistema de pensiones. Avales suficientes para trasladar la seguridad de que existe un interlocutor que ha demostrado su compromiso con las políticas sociales y que sabe escuchar y actuar con generosidad. Tenemos un sistema público de pensiones sólido y con una envidiable situación financiera. El superavit de la Seguridad Social de todos estos años ha servido para amasar un fondo de reserva que ya supera los 62.000 millones de euros. Tenemos que seguir trabajando todos juntos para vertebrar las propuestas de reformas futuras que sirvan para garantizar su solidez y eficacia futuras. Por todo eso y más hoy tiene sentido proponer que sigamos favoreciendo la figura de la jubilación flexible, mejoremos la financiación del Sistema de Pensiones, continuemos elevando las pensiones mínimas para situarlas por encima del umbral de pobreza, mejoremos la protección social de los trabajadores mayores de 50 años que fueron expulsados del mercado de trabajo y reformemos el sistema productivo para que los trabajadores tengan un empleo de calidad y con salarios suficientes que aseguren la sostenibilidad del sistema de pensiones. En beneficio de todos, los trabajadores de hoy y los jubilados de mañana.