La España sumergida

Esa otra España que nadie ve pero que sabemos que existe. La de la economía sumergida, clandestina o informal. Esa España, a la que casi todos (un 85% según el CIS) consideramos como un serio problema, tiene por fin un plan para aflorar y controlar el empleo sumergido. El gobierno de Zapatero ha aprobado un Real Decreto para aflorar y controlar el empleo sumergido, que en el conjunto de la economía sumergida en España alcanza tasas preocupantes. Es la primera conclusión que sacamos después de contabilizar el alto número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo en 2010: en 1,2 millones de actuaciones realizadas se registraron casi 100.000 infracciones en acta.


La economía sumergida recoge las actividades económicas que se realizan en un país de forma ilegal. No hablamos del contrabando o el tráfico de drogas que forman parte de la delincuencia, sino de esas actividades económicas que escapan al control público y a la fiscalidad general generando importantes perjuicios que se proyectan sobre la competencia desleal y la disminución o anulación de la protección social de los trabajadores afectados y de sus condiciones de vida. La economía sumergida tiene defensores entre las posiciones ideológicas cercanas al neoliberalismo poque observa en ella evidentes ventajas. ¿Ventajas para quién? Para los empresarios que emplean trabajadores sin contrato que suelen funcionar a destajo, por los que no cotiza, a los que paga salarios de miseria y a los que puede despedir libremente. No nos engañemos, el empleo sumergido es un mal negocio para los trabajadores y para el conjunto de la sociedad. Perdemos todos porque es un fraude, muchas veces consentido, que dificulta la obtención de ingresos para atender la necesidades colectivas y las de incremento del gasto en protección social. El fraude en las actividades económicas, incluido el fraude tributario, el laboral y a la Seguridad Social, tiene consecuencias muy negativas para la sociedad en general y para los trabajadores en particular. Es una demostración de insolidaridad que perjudica a quienes cumplimos con nuestras obligaciones fiscales puesto que a menor recaudación menos servicios podremos recibir. Las consecuencias más negativas del fraude laboral recaen en los trabajadores con empleo sumergido, aunque a veces ellos no lo crean, especialmente en esos colectivos que presentan mayores riesgos de precariedad y una mayor vulnerabilidad ante la violación de sus derechos laborales. Hablamos de la población trabajadora extranjera (especialmente, los que tienen una situación administrativa irregular) y de las personas jóvenes y las mujeres.
El gobierno pone en marcha un plan dirigido a propiciar el afloramiento del trabajo no declarado que permita mejorar el nivel de justicia y solidaridad social en nuestro mercado de trabajo y en la economía española. Con este plan se abordan medidas de carácter temporal que favorecen el afloramiento del trabajo no declarado más allá de las actuaciones que ya se abordan de manera sistemática, entre las que ya se incluyen aquellas que fueron aprobadas contra el fraude fiscal. Pero este plan nace con serias críticas desde las centrales sindicales. Para CCOO y UGT no resulta adecuado ni en tiempo, ni en forma, ni en contenido la puesta en marcha de este Plan, que "ni va a aflorar el grueso de este empleo, ni va a mejorar la protección de los trabajadores, ni va a aumentar los ingresos públicos, ni va a eliminar la competencia desleal entre empresas." Nuevamente pueden observarse, como en el caso de la reciente Reforma Laboral, las dificultades que tiene que vencer el ejecutivo para conciliar intereses contrapuestos entre la patronal de empresarios y los representantes de los trabajadores. No es tarea fácil, lo sabe el ministroValeriano Gómez, pero el objetivo merece el empeño. El empeño de quien tiene la responsabilidad de gobernar y tomar decisiones. En esta ocasión, para que podamos aflorar la España del empleo sumergido, para generar nuevas oportunidades y seguir contribuyendo a la construcción de un estado con más equidad social.

Igualdad y diferencia

Las luces mediáticas sobre el 23F y la conmemoración de su 30 aniversario ensombrecieron este año la celebración del día internacional de la igualdad salarial. Tuvo lugar el 22 de febrero; una fecha instituida en España por el gobierno del presidente Zapatero, el mismo al que la organización Woman Deliver ha incluido entre las cien personas que más han hecho por mejorar la vida de las mujeres. El primer día de la igualdad salarial, aparte de un cupón de la Once y un programa de Gemma Nierga, nos ha dejado el Informe sobre Igualdad Salarial de la Unión General de Trabajadores cuyo antecedente inmediato fue el estudio presentado en la jornada que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el 22 de febrero de 2010.

El informe sobre igualdad salarial de la UGT, de la secretaría que dirige Almudena Fontecha, arroja una evidencia rotunda: "la diferencia de salarios entre mujeres y hombres, en España y en el resto de Europa continúa siendo uno de los principales factores de discriminación sobre las mujeres". Es la conclusión del análisis estadístico de los salarios en España con datos desagregados por sexo y las consecuencias sobre la protección social de las mujeres en el ámbito de la seguridad social.

La supresión de la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un deseo que atribuimos a nuestro tiempo. Pero la lucha por la igualdad de género tiene raíces en la historia. Es algo que recordamos todos los años cuando celebramos el día internacional de la mujer, cada 8 de marzo. UGT nos recuerda que la reivindicación salarial entre hombres y mujeres fue ya la consigna de su 17º Congreso en el año 1932. El libro de Joan Wallach Scott "Género e Historia" nos provee del mejor discurso historiográfico sobre la forma en que se ha abordado la situación laboral de la mujer y las relaciones de género. En esta lucha por la igualdad real siguen participando activamente los agentes sociales. Lo más reciente, el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones que ha liderado el gobierno de Zapatero y que introduce nuevas medidas de acción positiva para corregir las consecuencias en el sistema de protección social de las desigualdades sufridas por las mujeres en el mercado de trabajo. Otra de las importantes aportaciones de este gran acuerdo.

Hagamos, entonces, como la Unión Europea. Insistamos en la igualdad salarial con motivo del día internacional de la mujer y seamos cómplices activos de la Estrategia general para la igualdad de género. A igual trato, igual salario. Y como concluye la Conferencia europea sobre brecha salarial, integremos los objetivos de la estrategia en los Programas Nacionales de Reforma dentro el marco de la Estrategia Europa 2020, estableciendo calendarios y planes concretos para aumentar las tasas de empleo de la mujer, eliminando todo tipo de segregación y aplicando de forma estricta la normativa en materia de igualdad de remuneración. Todo ello para que en los próximos años la brecha salarial deje de ser una asignatura pendiente.

El argumento de la "diferencia natural" entre hombres y mujeres ha enmascarado múltiples formas de discriminación laboral y sigue haciendo un flaco favor a la causa de la igualdad real. La consolidación de la igualdad y la erradicación de cualquier forma de discriminación es un compromiso del gobierno de España y será tarea central en nuestro Parlamento en los próximos meses cuando debatamos y aprobemos la primera Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Además de las reformas para despejar el camino del crecimiento económico, la nueva agenda social no da margen para la distracción. Y estamos encantados de que así sea.

¿Quién defiende la pensiones?

Tiene lugar en las calles de Madrid la primera de las manifestaciones que han convocado UGT y CC.OO contra el retraso en la edad de jubilación, los recortes en la protección social y la defensa de las pensiones en España. Tienen motivos las organizaciones de los trabajadores para manifestar su rechazo a cualquier intento de imponer medidas que afectan al estado de bienestar social. Todavía está fresca en nuestra memoria la intentona de la derecha de Aznar del año 2002 y la posterior huelga general. No es un asunto menor, sino que, ahora más que nunca, requiere de una gran dosis de diálogo y un debate en el marco de los instrumentos con los que nos hemos dotado: la Comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo. Ahí estamos y ahí es donde el Gobierno ha orientado su propuesta de reforma de las pensiones por las razones demográficas y de sostenibilidad que son de todos conocidas. El objetivo es llegar a un amplio acuerdo con todos, un acuerdo que tiene poco que ver con las reformas en la regulación de las relaciones laborales, con la excepción de que ambas reformas tienen su espacio en la agenda de la Mesa de Diálogo Social. Mesa donde se alcanzó ya una posición definida en torno a la prórroga de la jubilación con carácter voluntario, no ya hasta los 67 años sino a los 69. ¿Por qué hemos relegado a un segundo plano la potencialidad de esta medida acordada? ¿No será mejor acabar de desarrollar los temas pendientes del Acuerdo de Pensiones de 2006 antes de iniciar un nuevo proceso de negociación para la reforma de las pensiones? Tendremos que medir el alcance de este debate ante las amenazas de quiebra del consenso político y social que hasta ahora ha dirigido la estabilidad de nuestro sistema de pensiones.
CC.OO. y U.G.T. manifiestan su más absoluto rechazo a abordar la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante medidas de recorte de la protección social. Están en su deber. Pero también conviene analizar con objetividad cuál ha sido el comportamiento de este Gobierno en esta materia. A poco que echemos la vista atrás deberemos convenir que éste ha sido el Gobierno que más ha aumentado la protección social en España y que más está subiendo las pensiones. El que más ha subido las pensiones mínimas, hasta un 32% en sólo 6 años, incluso con la crisis económica. El que ha destinado mayores partidas presupuestarias al mantenimiento y mejora de las políticas sociales existentes y el que ha creado nuevas prestaciones sociales: las prestaciones sociales de la dependencia han llegado ya a 500.000 personas; el permiso de paternidad, la ayuda de 1.500 euros por nacimiento de hijo, la renta básica de emancipación y la ayuda de 420€ a los desempleados. Estos son los avales que tiene este Gobierno a la hora de plantear un debate riguroso sobre el futuro del sistema de pensiones. Avales suficientes para trasladar la seguridad de que existe un interlocutor que ha demostrado su compromiso con las políticas sociales y que sabe escuchar y actuar con generosidad. Tenemos un sistema público de pensiones sólido y con una envidiable situación financiera. El superavit de la Seguridad Social de todos estos años ha servido para amasar un fondo de reserva que ya supera los 62.000 millones de euros. Tenemos que seguir trabajando todos juntos para vertebrar las propuestas de reformas futuras que sirvan para garantizar su solidez y eficacia futuras. Por todo eso y más hoy tiene sentido proponer que sigamos favoreciendo la figura de la jubilación flexible, mejoremos la financiación del Sistema de Pensiones, continuemos elevando las pensiones mínimas para situarlas por encima del umbral de pobreza, mejoremos la protección social de los trabajadores mayores de 50 años que fueron expulsados del mercado de trabajo y reformemos el sistema productivo para que los trabajadores tengan un empleo de calidad y con salarios suficientes que aseguren la sostenibilidad del sistema de pensiones. En beneficio de todos, los trabajadores de hoy y los jubilados de mañana.