No quieren soluciones, quieren elecciones.

Seguimos atravesando las calles de la crisislaberinto. Escuché el lunes al ministro Ángel Gabilondo en Málaga su elogio de la austeridad como conducta virtuosa del buen ciudadano y especialmente de los políticos; no sólo en época de crisis o escasez. Tres días más tarde, mientras atendía al debate del Decreto de las medidas de ajuste que presentó el Gobierno, repasaba en la bóveda del salón de plenos del Congreso las pinturas de Carlos Luis Ribera que representan las virtudes que deben adornar la acción política. No encontré "la austeridad". ¿Se la habrían llevado? Es posible que hubiera preferido ausentarse, acompañada de "la responsabilidad", antes de ser testigo del mayor alegato de la incoherencia que se haya pronunciado desde la tribuna del hemiciclo. Aquellos que atacaron todas las medidas sociales adoptadas por el Gobierno de Zapatero para amortiguar el impacto de la crisis, porque generaban déficit, los mismos que rechazaron un pacto de Estado anticrisis han intentado hacer descarrilar el tren de la recuperación económica del país forzando la desaprobación en la Cámara del plan de ajuste y austeridad. No lo han conseguido, pero a punto estuvieron. Se les conoce como Partido Popular, una derecha muy comprensiva con los excesos del franquismo, donde viven acomodadas las posiciones ultraconservadoras, de difícil homologación en el espacio europeo y que ahora aspira a representar a los trabajadores "si los sindicatos no saben hacerlo". Lo que oyen. Dan por sentado el fracaso de la reforma laboral pactada con las fuerzas sociales y ya entonan un requiem por las organizaciones sindicales. No quieren soluciones, quieren elecciones. No quieren formar parte de las estrategias acordadas con los países de la Unión para responder al momento de esta crisislaberinto que vive Europa porque han llegado a la conclusión de que son los únicos capacitados para mandar. Cuanto antes mejor. Y para eso lo más eficaz es frustrar cualquier intento de pacto. Abortaron el pacto Zurbano, dinamitaron el pacto educativo y, llegado el momento de que necesitemos pactar la reforma laboral entre las fuerzas políticas, volverán a torpedear el acuerdo. Es su verdadera hoja de ruta. Es el peor servicio que puede hacerse a la sociedad española porque además de retrasar nuestra salida de la crisis podríamos estar robando a nuestros conciudadanos el bien más preciado de la democracia: la confianza en la política para la solución de sus problemas.

Vamos en serio

Todas las Comunidades Autónomas han aceptado los acuerdos que hacen posible que hoy debatamos y aprobemos los proyectos de ley de cesión de tributos del Estado a quince comunidades. Es decir, todas excepto Navarra y País Vasco que gozan de un régimen especial. Algunos siguen insistiendo en la crítica de que se trata de un vaciamiento de los recursos del Estado que merma su capacidad de actuación y provoca la generación de mayores niveles de déficit. Es el debate de la reforma de la financiación autonómica. Un debate que hoy más que nunca adquiere singular importancia, en el contexto de las medidas de ajuste económico que a estas horas debate el Consejo de Ministros.Y es que el Gobierno de España va a utilizar sus competencias constitucionales,para que todas las administraciones públicas, comunidades autónomas y administraciones locales contribuyan al gran esfuerzo nacional que ha reclamado el presidente Zapatero para sacar a España de la crisis y para consolidar la recuperación económica.España, tiene un compromiso que es asegurar la estabilidad financiera y cumplir con los objetivos de consolidación fiscal marcados y acordados en el seno de la Unión Europea.Lo ha expuesto con claridad el ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves. Necesitamos atajar lo antes posible el problema de déficit excesivo que hemos amasado entre todos, y que ha sido consecuencia de la movilización extraordinaria de recursos públicos emprendida para sostener la actividad económica en las primeras fases de la crisis. Un déficit al que hemos contribuido todos: la Administración central, los ayuntamientos y la CC.AA. Ahora nos toca hacer un gran esfuerzo para estabilizar nuestras cuentas públicas, transmitir confianza a los mercados y sacar a este país del riesgo de jugar la próxima temporada en la segunda división de las economías desarrolladas. Esto va en serio, por lo que este esfuerzo debe ser equilibrado y compartido o no será eficaz.

España tiene el compromiso de asegurar la estabilidad financiera y cumplir con los objetivos de consolidación fiscal acordados en el seno de la Unión Europea. Esto afecta a todos, también a la administración periférica. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó en marzo de este año un acuerdo marco sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010 y 2013 con el ompromiso de fijar un déficit máximo del 2,5 por ciento del PIB y una reducción hasta el 1,1 en 2013.Es un compromiso de solidaridad con el Estado que somos todos; que deben complementarse con medidas de eficiencia del gasto, austeridad y transparencia.Antes del 10 de junio tendrán que presentar un informe sobre la racionalización y la reducción del gasto público y además sobre las mejoras de eficiencia en los servicios públicos. Esto va en serio, tan en serio como fueron las comunidades cuando acordaron la reducción de 1.500 millones de euros en la factura sanitaria. Tan en serio como la reducción de 15.000 millones del déficit en 2010 y 2011 y donde el Gobierno espera que la Comunidades contribuyan con el 50% de la misma; y un ahorro adicional, que deberán hacer también, de 1.200 millones contemplados en el plan extraordinario de ajuste. No nos entra en la cabeza pensar que los territorios y municipios gobernados por la derecha española puedan esquivar su responsabilidad, de la misma manera que lo hacen sus representantes políticos en las instituciones del Estado. Vamos en serio o no vamos.

¡Pero que no cierre la puerta!

El mismo día en que Antonio Ozores se despide de este mundo, se encienden las risas del recuerdo de este gran cómico y se oscurece momentáneamente el ánimo ante el anuncio del ajuste económico que el presidente Zapatero ha presentado en el Congreso. No puede ser de otra manera. Afrontamos la crisis más grave de la economía mundial desde el crack del 29 y el Gobierno afronta la evolución de esta enfermedad con un tratamiento de choque que busca la eliminación urgente de su más grave consecuencia tras el paro y la recesión: el déficit. Lo hacemos también por coherencia y necesidad tras los últimos movimientos en el plano internacional. El pasado fin de semana, el Consejo de Europa decidió tomar las riendas y, urgido por España, Portugal, Irlanda o Italia, ha actuado promoviendo la creación del fondo de 750.000 millones de euros para fortalecer nuestra moneda y librarnos de movimientos especulativos. Una decisión valorada en la buena dirección por Felipe González. Toca actuar ahora a los países más afectados por el déficit (son 20 países los que lo padecen). La actuación de la UE ha sido rapida y acertada. Una demostración de la capacidad de la política para hacer frente a la especulación. Europa ha dado un mensaje claro de seriedad y de confianza.En España, las duras medidas de ajuste tratan de afectar lo menos posible a las políticas de gastos que favorecen la recuperación económica; mantienen los ejes de las grandes partidas destinadas a la protección social y recurren a las fuentes de ahorro disponibles en estos instantes. No habrá recortes en la I+D+i, ni en educación, sanidad o pensiones. Tampoco en la protección por desempleo ni en los servicios de la Dependencia, a excepción de la retroactividad. Con toda seguridad, semejante plan de ajuste presentado por un gobierno de la derecha española (cuyas diferencias con la europea son cada día más claras) contendría un sesgo muy distinto. Ninguno de estos capítulos sociales, que son políticas de equidad, se hubieran librado de la tijera.

Por el contrario, lo que si ha habido es una dosis mayor de irresponsabilidad de quienes vienen utilizando la grave crisis económica como trampolín para llegar antes al gobierno. De irresponsabilidad y de incoherencia de quienes, como el Partido Popular, llevan dos años pidiendo medidas para reducir el déficit y cuando estas se presentan reaccionan solicitando elecciones anticipadas, como hoy hace González Pons. Promueven el desestimiento del Gobierno; nos invitan a salir corriendo. El Presidente Zapatero no lo hará. Si esta derecha no sabe hacer otra cosa que se aplique su receta en las Comunidades donde gobiernan. El último que apague la luz, pero que dejen la puerta abierta porque los ciudadanos necesitan gobierno y mensajes de esperanza.

Rehenes de la estrategia de confrontación

Hemos conocido la noticia del NO del Partido Popular al pacto educativo. El mismo día en que la Conferencia de los rectores de las universidades españolas (CRUE) hizo público su apoyo al pacto y hacía un llamamiento al consenso en torno al documento definitivo presentado por Ángel Gabilondo. Han triunfado los especuladores de rentas electorales, los de la estrategia de la confrontación. Una confrontación sistemática que genera hastío y desafección en la ciudadanía con un elevado coste para la democracia. Pero si alguien piensa que de esa estrategia somos prisioneros los que defendemos la aplicación de la racionalidad a la política, está equivocado. Los principales rehenes de la confrontación están hoy en el seno de esa formación política que, de nuevo, ha vuelto a frustar la esperanza de todos. Son rehenes de su propia intolerancia al pacto. La batalla interna que han librado diferentes fuerzas en la organización ¿popular? en su dilema para decidir el apoyo al documento de medidas para mejorar nuestro sistema educativo se ha saldado con la victoria de los "duros" (Madrid y Valencia, para más señas).
¿Caminamos entre dinosaurios?