Vamos en serio

Todas las Comunidades Autónomas han aceptado los acuerdos que hacen posible que hoy debatamos y aprobemos los proyectos de ley de cesión de tributos del Estado a quince comunidades. Es decir, todas excepto Navarra y País Vasco que gozan de un régimen especial. Algunos siguen insistiendo en la crítica de que se trata de un vaciamiento de los recursos del Estado que merma su capacidad de actuación y provoca la generación de mayores niveles de déficit. Es el debate de la reforma de la financiación autonómica. Un debate que hoy más que nunca adquiere singular importancia, en el contexto de las medidas de ajuste económico que a estas horas debate el Consejo de Ministros.Y es que el Gobierno de España va a utilizar sus competencias constitucionales,para que todas las administraciones públicas, comunidades autónomas y administraciones locales contribuyan al gran esfuerzo nacional que ha reclamado el presidente Zapatero para sacar a España de la crisis y para consolidar la recuperación económica.España, tiene un compromiso que es asegurar la estabilidad financiera y cumplir con los objetivos de consolidación fiscal marcados y acordados en el seno de la Unión Europea.Lo ha expuesto con claridad el ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves. Necesitamos atajar lo antes posible el problema de déficit excesivo que hemos amasado entre todos, y que ha sido consecuencia de la movilización extraordinaria de recursos públicos emprendida para sostener la actividad económica en las primeras fases de la crisis. Un déficit al que hemos contribuido todos: la Administración central, los ayuntamientos y la CC.AA. Ahora nos toca hacer un gran esfuerzo para estabilizar nuestras cuentas públicas, transmitir confianza a los mercados y sacar a este país del riesgo de jugar la próxima temporada en la segunda división de las economías desarrolladas. Esto va en serio, por lo que este esfuerzo debe ser equilibrado y compartido o no será eficaz.

España tiene el compromiso de asegurar la estabilidad financiera y cumplir con los objetivos de consolidación fiscal acordados en el seno de la Unión Europea. Esto afecta a todos, también a la administración periférica. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó en marzo de este año un acuerdo marco sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010 y 2013 con el ompromiso de fijar un déficit máximo del 2,5 por ciento del PIB y una reducción hasta el 1,1 en 2013.Es un compromiso de solidaridad con el Estado que somos todos; que deben complementarse con medidas de eficiencia del gasto, austeridad y transparencia.Antes del 10 de junio tendrán que presentar un informe sobre la racionalización y la reducción del gasto público y además sobre las mejoras de eficiencia en los servicios públicos. Esto va en serio, tan en serio como fueron las comunidades cuando acordaron la reducción de 1.500 millones de euros en la factura sanitaria. Tan en serio como la reducción de 15.000 millones del déficit en 2010 y 2011 y donde el Gobierno espera que la Comunidades contribuyan con el 50% de la misma; y un ahorro adicional, que deberán hacer también, de 1.200 millones contemplados en el plan extraordinario de ajuste. No nos entra en la cabeza pensar que los territorios y municipios gobernados por la derecha española puedan esquivar su responsabilidad, de la misma manera que lo hacen sus representantes políticos en las instituciones del Estado. Vamos en serio o no vamos.