Los peajes de la derecha española

Cartel exhibido en una calle de Roma

Llevamos unas semanas inmersos en debates anacrónicos. Al debate del aborto, que creíamos ya superado, ahora han unido el de la libertad religiosa. Y ocurre en la misma semana en que hemos celebrado el trigésimo primer aniversario de nuestra Constitución. Pensábamos que el Partido Popular ya había completado su repertorio de bestias apocalípticas con las que agitar el miedo en la sociedad. Miedo a la diversidad afectivo-sexual y negación del derecho a la igualdad de los diferentes -gays, lesbianas, bisexuales y transexuales-; miedo a los extranjeros y sus críticas furibundas a las políticas de integración de los inmigrantes; miedo hipócrita a afrontar los problemas derivados de una deficiente o inexistente eduación sexual y su consiguiente negación a una regulación del aborto de la manera que lo hacen los países de nuestro entorno.

Pues nos equivocamos. La derecha española, con Rajoy en el altar mayor, despierta ahora la cuarta bestia del apocalipsis: el miedo a la libertad de conciencia que implica la libertad religiosa y el respeto a quienes practican otros credos, o no practican ninguno. Y la han revestido de cruzada religiosa contra el laicismo, ese que precisamente reconoce la propia Constitución Española. Algo grave está sucediendo para que el Partido Popular, constitucional y democrático, esté cuestionando en muchas ocasiones a la propia Carta Magna. ¿Que está ocurriendo?

El Partido Popular decidió introducir en la agenda política una nueva cruzada: la de los crucifijos; de la misma manera que tomó decisiones semejantes frente al reconocimiento del matrimonio homosexual, los mensajes xenófobos respecto a la política de inmigraciòn del Gobierno y la alianza con el ideario de la extrema derecha española en relación al aborto.

Existen grandes paralelismos con lo que está pasando en algunos países de nuestra querida Europa: Holanda, Austria, Italia, por ejemplo. Debe preocuparnos, como ciudadanos en democracia, esta alianza con los sectores más conservadores de nuestra sociedad, con las posturas más intransgentes de la jerarquía de la Iglesia Católica y con los grupos ultra que ven una oportunidad de sacar la cabeza como oposición a las políticas del Gobierno de Zapatero. Me refiero a esos centenares de grupúsculos inscritos en el registro de asociaciones políticas de los que algunos concurren a las elecciones generales y europeas. Grupos neonazis, neofascistas, neofranquistas y ultracatólicos que tienen presencia en la Red y que ahora mismo se están retroalimentando con esta forma envenenada de hacer política sin escrùpulos.

Creo que la mayoría de los electores que apoyaron al Partido Popular no se identifican con esta deriva en la que se ve arrastrado el principal partido de la oposición en España. A los peajes que paga la derecha hay que sumar uno nuevo: el de la intolerancia disfrazada de defensa de las esencias tradicionales y su consiguiente contribución a los discursos del miedo. Sólo una última reflexión sin ánimo de extrapolación histórica: el miedo y la inseguridad derivadas de la crisis del 29 fueron un excelente caldo de cultivo para el ascenso de las ideologías totalitarias en Europa.

Fanatismo versus laicismo

Pues eso. Y nada más que eso es lo que hemos puesto de nuevo en evidencia en la sesión de la Comisión de Educación del Congreso en la tarde de hoy. Formaciones políticas sin miedo a afrontar los problemas que afectan a la convivencia y partidos que, como el Partido Popular, utilizan cualquier tema para enfrentarnos. La ocasión la ha brindado esta vez una proposición no de ley de Ezquerra que pretendía instar al Gobierno a establecer mecanismos para que los padres y madres pudieran reclamar la retirada inmediata de la simbología de los centro educativos y a establecer un plazo para la presentación en la Cámara de la revisión de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El grupo socialista no ha apoyado ni lo primero ni lo segundo. En su lugar ha prevalecido el acuerdo a través de una enmienda transaccional que he defendido esta tarde con la plena convicción de que estábamos dando un importante paso en el reconomiciento y protección de derechos, en el trayecto hasta alcanzar la condición de laicidad que la Constitución Española otorga a nuestro Estado. Y nos alegra que Joan Tardá y ERC se sumen al consenso constitucional sobre el artículo 10.2 donde se establece que "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas (...) se interpretarán de conformidad con (...) los Tratados y Acuerdos Internacionales suscritos por España. Esto implica algo tan sencillo como que debemos interpretar el artículo 14 (principio de igualdad) y el 16 (libertad religiosa) conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que España está adherido, y a la jurisprudencia que lo interpreta. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 3 de noviembre de 2009 (Lautsi c. Italia).

Ni más ni menos que lo recogido en el acuerdo transaccional al que ha llegado el Grupo Socialista por el que el Congreso insta al Gobierno a "trasladar la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto del artículo 9 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, desde el principio de neutralidad religiosa del Estado y, especialmente, en lo relativo a los centros escolares."
Y esto ¿qué significa? Pues exactamente lo que dice. Que instamos al Gobierno para que en la elaboración de la futura Ley Orgánica haga lo que públicamente anunció la Vicepresidenta Primera, Fernández de la Vega: revisar la ley de Libertad Religiosa para adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que caracteriza a España; para que recoja las garantías sobre el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de conciencia y que incorpore además de los acuerdos hoy vigentes entre el Estado y otras confesiones religiosas, lo que la jurisprudencia ha declarado ya en estos años. A saber: la STC (sentencia del Tribunal Constitucional) de 10 de mayo de 1982, que reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado; la STC de 18 de julio de 2002, que establece que el menor es titular del derecho a la libertad religiosa; la STC 46/2001, que impide que el Estado pueda adherirse ni prestar su respaldo a ningún credo religioso; y la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2004, la que señala la educación como especialmente sensible al tema de la libertad religiosa por tratarse de la fase de formación de la personalidad de los jóvenes en una sociedad que aspira a la tolerancia. Y que haga esto mismo en relación con la Sentencia del Tribunal Europeo de 3 de noviembre de 2009 también en lo relativo a lo que se señala sobre el derecho de los padres y madres a educar a sus hijos según sus convicciones. Es lo que hemos apoyado junto con ERC y BNG. La mejor forma de entenderlo es desde esa neutralidad ideológica y religiosa, mandato constitucional que obliga a respetarnos en los espacios públicos de convivencia. Los centros educativos, también lo son. Así ha sido hasta ahora y no entenderíamos que alguien pretendiese iniciar una nueva cruzada inquisitorial. ¿Derecha e izquierda?

Más oxígeno...

Oxígeno en versión original de José Antonio Griñán es sinónimo de recursos financieros suficientes que los bancos deben aportar para poner fin al período de asfixia que vienen soportando las pymes. Esta llamada es un clamor y satisface ver cómo hace suyo este malestar quien desempeña la máxima responsabilidad política de mi comunidad. Creo que a todos nos debe interesar cómo salir pronto de la crisis y a la velocidad que nos permita seguir hablando de convergencia. La receta del presidente andaluz pone el acento en la acción política para lograr el equilibrio entre Estado y mercado en un marco de concertación trilateral gobierno-empresas-sindicatos. Un escenario que ya es realidad en Andalucía donde hoy se ha alcanzado con la firma del VII Acuerdo de Concertación, que incluye 350 medidas y que movilizará 19.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Se trata pues de una herramienta de gran utilidad en la que la Adiministración pública -estado- arrastra inversiónes del sector privado -mercado-, con criterios de progresión social avalados por los representantes de los trabajadores. Es una excelente noticia que abre puertas para la recomposición del Acuerdo de Diálogo Social en España, roto este pasado verano. La firma del acuerdo de concertación andaluz justifica el optimismo de Griñán, pero también alienta esperanzas en la reedición de un nuevo acuerdo en el Estado, aunque ya no pueda realizarse sobre las mismas bases del anterior. Por elemental sentido de la responsabilidad el sector bancario debe dar respuesta a este reto y dar por terminada la tendencia a la baja de la evolución de los préstamos, sobre todo porque evolución de los depósitos no sufrió demasiadas tensiones y ello gracias a la extensión de las garantías públicas. Más oxígeno...

Los gobiernos, las empresas y el conocimiento

Juntos para salir reforzados de la crisis.

Desde que la crisis es CRISIS los responsables políticos, los que emplean su tiempo en impulsar medidas, no dudan de que el conocimiento, la ciencia y la innovación van a contribuir poderosamente a la recuperación económica y al desarrollo social del país. Y si no es por este camino no habrá verdadera recuperación, toda vez que que el centro de gravedad económica internacional se desplaza hacia Oriente y hasta los estudios de la Comisión Europea predicen un panorama muy competitivo en el horizonte de 2025. "Estamos en un momento vibrante, con transformaciones radicales que modificarán las relaciones entre territorios, así como la forma de hacer negocios". La ministra de Ciencia e Innovación va desgranando éstos y otros argumentos por los lugares donde pasa, que son bastantes a juzgar por el eco de sus frecuentes apariciones públicas. En casi todos consigue poner de relieve la importancia del eje de la innovación que constituyen los gobiernos, las empresas y el conocimiento. En Málaga, Garmendia ha reconocido la oportunidad que brinda esta alianza ante el selecto club que se autodenomina "Málaga Valley", un foro de debate que cuenta con brillantes cabezas del sector de las TICs y que tiene ante sus narices una realidad impactante como la que representa el Parque Tecnológico de Andalucía, el PTA, y su alto nivel de inversión pública. El Gobierno de España ha invertido 118 millones de euros en estos últimos cinco años. Y se propone invertir más en 2010: el programa de Parques Tecnológicos y Científicos consigue record histórico con 442 millones de euros, de los que un tercio tienen por destino Andalucía. Un magnífico ejemplo a seguir desde las empresas que forman parte del club.

Y es que el gasto público en I+D+i de España se ha triplicado en este mismo período colocando a nuestro país por encima de la media de inversión-PIB de la OCDE. Pero no es suficiente con tener 11.000 empresas innovadoras que hacen uso de los fondos de financiación. Un país que ha conseguido colocarse en el noveno puesto de la producción científica en el mundo necesita ampliar el número de empresas innovadoras y seguir incrementado la apuesta privada a la I+D+i. Crecemos al 15% anual, Andalucía lo hace al 30%. Hay que mantener el ritmo porque sólo así obtendremos la convergencia. Ese es el camino.

La apuesta por el eje que forman los gobiernos, las empresas y el conocimiento es vital. Los gobiernos central, autonómico y local juegan un papel clave como tendremos ocasión de comprobar en el desarrollo de la próxima Ley de Economía Sostenible o en la ejecución de la nueva edición del Plan Zapatero dedicado al empleo y la sostenibilidad social, económica y ambiental. Las empresas también han entendido el mensaje y hoy sabemos que se han intensificado, hasta multiplicarse por tres, las peticiones de ayuda para empresas de base tecnológica. Pero esto no funciona si no conseguimos elevar nuestra capacidad de transferencia del conocimiento. Universidades como la de Málaga se afanan en esta tarea, a pesar de la dificultad que encierra esta aproximación de la ciencia a la empresa -léanse recelos-. Y tiene al servicio de unos y de otros instalaciones señeras como un edificio dedicado a la Bioinnovación donde reside uno de los supercomputadores que forma parte de la Red Española de Supercomputación, en la que están integradas sólo siete ciudades españolas.

El periplo malagueño de la ministra de Ciencia e Innovación se cerró en casa, es decir en Mijas. Acompañada del Consejero de Innovación de la Junta, Martín Soler, mantuvo un encuentro con empresarios de a pie. Empresas vinculadas a los programas de incentivos a través del CADE (Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Costa del Sol) y otras como Badennova que ha desarrollado recientemente un producto innovador para evitar que nuestros coches salten por las calles a pesar de respetar los límites de velocidad.

El invento de la concertación de fuerzas se pone a prueba en este momento crítico que atravesamos. Los emprendedores conocen mejor que nadie las señales que apuntan en la buena dirección. Son ocasiones inmejorables para transformar las amenazas en oportunidad. Otros, entre tanto, se frotan las manos contando parados.